La Fiscal Superior de Canarias rechaza vincular inmigración y delincuencia: “Hoy por hoy no tenemos ningún dato”
La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha negado este lunes la existencia de cualquier relación demostrada entre inmigración y delincuencia en las Islas. Durante su comparecencia ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento autonómico, Martínez subrayó que la institución que dirige “no puede dar un salto al vacío con afirmaciones sin base” y recordó que, “hoy por hoy no tenemos ningún dato” que avale esa vinculación.
Redacción Radio Insular
27 de octubre de 2025 a las 13:17
Las declaraciones se producen tras las críticas del presidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI y portavoz nacional de seguridad de Vox, Samuel Vázquez, quien acusó la semana pasada a la Fiscalía de “hacer trampas” con las estadísticas para ocultar que la inmigración “desbordada y prolongada en el tiempo” incrementa la criminalidad violenta.
Farnés Martínez insistió en que los datos del Ministerio del Interior sobre el incremento del 200% en las agresiones sexuales en Canarias entre 2017 y 2024 deben interpretarse con cautela, ya que “desde 2022 todas las agresiones sexuales se han unificado bajo una sola categoría”, lo que explica el aparente aumento. Según explicó, anteriormente las estadísticas diferenciaban entre agresión sexual con penetración, abusos y otros delitos contra la libertad sexual, lo que hacía que las cifras estuvieran más fragmentadas.
Además, puntualizó que “no se puede extraer qué porcentaje de esos delitos ha sido cometido por inmigrantes en situación irregular”, y recordó que la mayoría de estas personas son menores no acompañados, mientras que los adultos suelen ser derivados a la Península en un plazo de 15 a 30 días.
Durante su intervención, la Fiscal Superior también defendió la “lealtad” del órgano que dirige al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y expresó su confianza en que su causa judicial se resolverá “favorablemente”.
En relación con los centros de acogida, Martínez instó a intensificar las inspecciones, recordando que la ley establece que deben realizarse cada seis meses, aunque “no siempre se cumple” debido a limitaciones logísticas o a la ausencia de incidencias detectadas en visitas previas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, detalló, se han incoado quince expedientes por delitos cometidos fuera de los centros y una docena dentro, principalmente por amenazas, hurtos, lesiones o una agresión sexual leve.
Asimismo, señaló que la llegada de inmigrantes irregulares a las costas canarias ha descendido en 2025, debido al desplazamiento del flujo hacia la ruta argelina. Según precisó, el número de entradas representa solo una cuarta parte de las registradas en 2024.
La memoria anual de la Fiscalía revela además que en 2024 se abrieron más de 165.000 procedimientos penales en el Archipiélago, con un crecimiento más acusado en la provincia de Las Palmas (+17,3%) que en la de Santa Cruz de Tenerife (+8,9%). Los homicidios y delitos contra el patrimonio han disminuido, aunque preocupa el aumento de los delitos sexuales contra menores de 16 años. En muchos casos, explicó, se trata de relaciones consentidas entre jóvenes, pero legalmente constituyen delito, o se producen en entornos familiares desestructurados.
La fiscal también alertó de la lentitud de los programas de prevención del acoso escolar en los centros educativos, así como del incremento de menores abandonados debido a la crisis económica y habitacional. En otro orden de cosas, instó a las consejerías de Sanidad y Bienestar Social a resolver la situación de los 600 pacientes dados de alta médica que continúan en hospitales, y reclamó un nuevo palacio de justicia para Santa Cruz de Tenerife, “en igualdad de condiciones que el de Las Palmas de Gran Canaria”, debido al mal estado de las instalaciones actuales.
