Conquistado el derecho al acompañamiento en cesáreas: una victoria histórica para las familias
El Parlamento regional aprueba por unanimidad que las mujeres puedan elegir quién las acompaña en el quirófano durante la intervención, garantizando además el contacto piel con piel inmediato con el bebé
María C.
29 de abril de 2026 a las 19:32
Un cambio sin precedentes en la sanidad canaria
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una normativa que transformará la experiencia de miles de familias canarias durante uno de los momentos más importantes de sus vidas. La nueva regulación garantiza el derecho al acompañamiento durante las cesáreas, poniendo fin a décadas de reivindicaciones por parte de colectivos de madres que exigían el mismo trato humanizado en las intervenciones quirúrgicas que el que ya se ofrecía en los partos naturales.
La iniciativa, defendida por el diputado Jacob Qadri del Partido Popular, representa una conquista fundamental en la humanización de la atención sanitaria. El texto aprobado establece que las mujeres podrán estar acompañadas por la persona de su elección durante la cesárea, siempre que las condiciones médicas y de seguridad lo permitan, equiparando así los derechos de todas las madres independientemente del tipo de parto.
Los pilares del nuevo protocolo hospitalario
La Proposición No de Ley aprobada va mucho más allá del simple acompañamiento. El Gobierno de Canarias deberá ahora desarrollar un protocolo común para toda la comunidad autónoma que garantice la aplicación uniforme de estas medidas en todos los centros sanitarios. Entre los aspectos fundamentales que regularán las futuras cesáreas en el archipiélago destacan la presencia efectiva del acompañante en el quirófano, siempre que no exista riesgo vital o interferencia con la seguridad de la intervención.
Uno de los puntos más revolucionarios del nuevo protocolo será la garantía del contacto piel con piel inmediato entre el bebé y la madre o el acompañante tras el nacimiento. Esta práctica, fundamental para estabilizar las constantes vitales del recién nacido y fortalecer el vínculo afectivo, se convertirá en un derecho efectivo. Además, el acompañante podrá participar activamente en los primeros cuidados del bebé dentro del área quirúrgica, siempre cumpliendo con las estrictas medidas de asepsia y vestimenta que establecerá el protocolo.
La lucha contra la violencia obstétrica como eje transversal
El debate parlamentario incorporó enmiendas cruciales presentadas por el PSOE a través de la diputada Elena Máñez, que refuerzan la prevención de la violencia obstétrica. El nuevo marco normativo busca que el consentimiento informado se convierta en una herramienta real de empoderamiento para las madres, garantizando que sean ellas quienes decidan libremente sobre su acompañante y los procedimientos médicos a seguir durante la intervención.
Esta dimensión del protocolo representa un cambio de paradigma en la relación entre el personal sanitario y las pacientes, promoviendo un modelo de atención basado en el respeto a la autonomía y las decisiones de la mujer durante todo el proceso del parto, incluidas las cesáreas programadas o de urgencia.
El reto de la igualdad territorial en la implementación
Para que esta conquista social sea efectiva en todo el archipiélago, el Parlamento ha exigido al Gobierno regional que dote de recursos suficientes a todos los hospitales, tanto públicos como privados. La preocupación por garantizar la igualdad de acceso a estos derechos ha sido especialmente intensa en relación con las islas no capitalinas, donde históricamente los servicios sanitarios han contado con menos recursos.
La formación del personal sanitario emerge como el siguiente desafío crucial. Los equipos de obstetricia y anestesiología deberán adaptar sus protocolos y dinámicas de trabajo a esta nueva realidad de quirófanos abiertos al acompañamiento familiar. Este proceso formativo será fundamental para que la implementación sea exitosa y no genere resistencias o problemas operativos en los centros hospitalarios.
La aprobación unánime de esta medida en el Parlamento de Canarias marca un hito en la humanización de la atención al parto en España. El archipiélago se posiciona así como una comunidad pionera en garantizar por ley derechos que en muchos territorios siguen dependiendo de la voluntad individual de los profesionales o las políticas de cada centro hospitalario.
