El Parlamento de Canarias se suma a la presión de Bruselas y exige a Madrid una reforma profunda de la Ley de Costas

Iniciativa del Parlamento de Canarias

Canarias.– El Pleno del Parlamento de Canarias dio luz verde este martes a una Proposición No de Ley que insta al Gobierno de España a acometer una reforma sustancial de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y no limitarse a una modificación del Reglamento que la desarrolla, como hasta ahora plantea el Ejecutivo central. La iniciativa, presentada por el Grupo Popular y respaldada entre otros por el Grupo Nacionalista Canario, sitúa a la Cámara autonómica en sintonía con la presión que la Unión Europea viene ejerciendo sobre el Estado en esta materia.

El elemento clave del debate, que la propia tramitación parlamentaria reconoció, es el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea el 16 de diciembre de 2024, dentro del procedimiento de infracción abierto al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 2006/123/CE, conocida como Directiva de Servicios. Bruselas considera que la Ley de Costas española está desfasada y exige una reforma legislativa de calado. La respuesta del Gobierno central, sin embargo, ha consistido hasta la fecha en abrir una modificación del Reglamento de Costas, una vía que las comunidades autónomas con litoral consideran insuficiente y que el Parlamento canario ha calificado expresamente de carente de fundamento.

Consecuencias de la Ley de Costas

La PNL aprobada pone el foco en una de las consecuencias más sensibles de la actual ley: la situación de los conjuntos urbanos costeros tradicionales que, por aplicación del deslinde, han pasado a ser dominio público-terrestre. Se trata de núcleos de población con décadas e incluso siglos de historia, frecuentemente formados por viviendas heredadas, marinerías y pequeños asentamientos pesqueros, que en la actual configuración legal quedan en una situación jurídica precaria. En el caso de Fuerteventura, esta problemática afecta directamente a enclaves como Majanicho, parte del casco antiguo de El Cotillo, Ajuy, Los Molinos, Puertito de los Molinos o Giniginámar, donde generaciones de familias conviven con la incertidumbre derivada de los deslindes y las concesiones administrativas.

El texto aprobado se enmarca, además, en una estrategia coordinada entre las diez comunidades autónomas con litoral, que desde el inicio de la presente legislatura vienen reclamando de forma conjunta una mayor capacidad de gestión sobre sus costas. La argumentación común es que la realidad costera ha cambiado de manera sustancial en los 38 años transcurridos desde la entrada en vigor de la ley, y que la norma debe adaptarse tanto a las particularidades territoriales como a las nuevas exigencias ambientales y urbanísticas.

Reivindicación de competencias

En el caso específico de Canarias, la PNL recoge además una reivindicación de fondo: el desarrollo del artículo 157 del Estatuto de Autonomía, que otorga al Archipiélago competencias plenas en la gestión del litoral. La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura Jana González Alonso sostuvo durante el debate que el Decreto de transferencia de competencias 713/2022 se quedó corto, al limitarse a atribuir funciones en lugar de ordenarlas, y reclamó que la asunción plena de estas competencias se incorpore a la Agenda Canaria que el Gobierno autonómico negocia con el Estado. González también puso en valor la reciente creación, por parte del Ejecutivo regional, de una nueva Dirección General específicamente dedicada a la gestión del litoral.

Entre las cuestiones que la Cámara reclama abordar en una eventual reforma figuran los informes preceptivos y vinculantes, el régimen de deslindes y el cobro del canon, mecanismos que, según defendió el Parlamento canario, no deben emplearse para condicionar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas sobre su propio territorio. La iniciativa subraya que cualquier modificación normativa debe contemplar de forma específica las realidades de cada autonomía y dar respuesta jurídica estable a las reclamaciones de los vecinos de los núcleos costeros tradicionales.

Posición política del Parlamento

La aprobación de esta PNL traslada al Congreso y al Gobierno central una posición política que va más allá del consenso autonómico habitual: confluyen en ella el Partido Popular como proponente y Coalición Canaria como apoyo expreso, en línea con las exigencias que ya se le están planteando a España desde la Unión Europea. Queda por ver si esta convergencia institucional se traduce en una reforma legislativa real o si, como hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo central se mantiene en el plano reglamentario.