La Diputada del Común ha vuelto a poner el foco en el modelo de transporte sanitario en Canarias y ha reclamado al Gobierno autonómico una revisión en profundidad del actual contrato para garantizar una cobertura “real” y ajustada a las necesidades asistenciales del Archipiélago. Así lo ha manifestado este miércoles la Lola Padrón, quien insiste en la necesidad de abrir un proceso de negociación que permita diseñar un nuevo marco contractual acorde a la realidad sanitaria de las islas.
La institución recuerda que ha recibido numerosas quejas por parte del personal del transporte sanitario y de representantes sociales del sector, que denuncian, entre otras cuestiones, una falta de información y de transparencia en los protocolos de derivación de pacientes. Según trasladan, aunque existen procedimientos para responder a las llamadas de urgencia, no se conocen públicamente los criterios que se aplican a la hora de decidir el destino de los traslados.
En este sentido, desde la Diputación del Común se subraya que no está claro cómo se determina si un paciente es derivado a un hospital comarcal, a centros hospitalarios del norte o del sur de cada isla, a centros concertados o a hospitales de referencia de máximo nivel. Una opacidad que, según la institución, dificulta evaluar si el sistema de derivación es adecuado, equilibrado y coherente con la red sanitaria existente en Canarias.
Lola Padrón ha señalado que esta información ha sido solicitada en reiteradas ocasiones al Ejecutivo autonómico sin obtener respuesta, una situación que, a su juicio, “impide evaluar” el correcto funcionamiento del modelo actual. Además, esta falta de claridad obstaculiza el análisis de las causas que contribuyen al colapso de los servicios de urgencias, especialmente en los grandes hospitales de referencia del Archipiélago.
Desde la institución se advierte de que la sobrecarga de las urgencias hospitalarias podría estar relacionada, entre otros factores, con un modelo de derivación que requiere “una evaluación más detallada” sobre su adecuación a los recursos disponibles. A ello se suman los retrasos en las altas hospitalarias provocados por la insuficiencia de ambulancias, una circunstancia que mantiene a pacientes durante más tiempo del necesario en los servicios de urgencias, ocupando camas y espacios destinados a la atención inmediata.
La Diputación del Común también pone el acento en la reciente aprobación de protocolos de seguridad en los servicios de urgencias que limitan el estacionamiento de ambulancias en determinados recintos hospitalarios. Aunque estas medidas responden a criterios de seguridad, la institución considera imprescindible que vayan acompañadas de una planificación adecuada y de la participación activa del personal del transporte sanitario, con el fin de evitar impactos negativos en la atención a los pacientes.
Asimismo, se recuerda que las bases, recintos y puntos de estacionamiento de las ambulancias deben cumplir unas condiciones mínimas que garanticen el descanso del personal y el respeto a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. La Diputación del Común insiste en que se trata de un servicio esencial que atiende a personas en situaciones críticas, por lo que las condiciones laborales del personal influyen de manera directa en la seguridad y calidad de la atención sanitaria.
Por todo ello, la institución reclama garantizar la transparencia de los protocolos de derivación y contar de forma “efectiva” con los profesionales del sector en el diseño y evaluación del servicio, como pasos imprescindibles para avanzar hacia un sistema público de transporte sanitario que sea eficaz, equitativo y seguro en el conjunto de Canarias.
