PSOE, Podemos y NC declaran «de utilidad pública» el tendido eléctrico que fue anulado por los tribunales
Coalición Canaria en Fuerteventura advierte sobre la reactivación de la tramitación y de las expropiaciones de terrenos en beneficio de una multinacional eléctrica, para el tendido de alta tensión entre Gran Tarajal y Puerto del Rosario. El proyecto de este tendido fue anulado por los tribunales hace años, tras una denuncia del Cabildo de Fuerteventura por irregularidades en el proceso.
Redacción Radio Insular
4 de septiembre de 2021 a las 12:06
Ahora el Gobierno de Canarias declara “de utilidad pública” este expediente del tendido eléctrico para retomarlo y agilizarlo, si ni consultar a las instituciones ni a la sociedad majorera.
El secretario insular de Coalición Canaria, Mario Cabrera indica que “este gobierno que presume de ecologista y transparente, ha aprovechado el mes de agosto para recuperar un expediente que fue anulado por los tribunales, que generó el rechazo de todas las instituciones de Fuerteventura y de buena parte de la sociedad”.
Tal es así que “sin que haya existido ningún tipo de consulta ni comunicación previa con las instituciones majoreras”, subraya Mario Cabrera, el Boletín Oficial de la Provincia de hoy viernes, 3 de septiembre, publica la “Resolución nº 1035/2021, de 13 de agosto”.
A través de ella se concede la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de alta tensión denominadas línea a 132 kV aérea-subterránea, doble circuito, entre la subestación Puerto del Rosario y la subestación Gran Tarajal, con nº de expediente AT12/016.
“Este expediente está justificado con datos de hace dos décadas que además se mostraron falsos. Se salta lo que establece el planeamiento insular sobre los soterramientos y expropia a decenas de propietarios para beneficiar a una multinacional eléctrica”, recuerda Mario Cabrera.
Por eso, “ante la indecencia de este gobierno servil con las multinacionales eléctricas”, el diputado de Coalición Canaria avisa a vecinos afectados, colectivos e instituciones “para reaccionar ante esta imposición que va en contra de lo que Fuerteventura lleva diciendo desde hace más de una década”, indicó.