“No permitiremos que los intereses especulativos pasen por encima de nuestra dignidad”: Fuerteventura se une al clamor por una vivienda digna

La protesta se enmarcó dentro de una jornada de movilizaciones a nivel estatal, con manifestaciones simultáneas en más de medio centenar de ciudades españolas. En todas ellas, la consigna fue clara: frenar la mercantilización de la vivienda y convertirla en un bien social al alcance de todas las personas.

“No permitiremos que los intereses especulativos pasen por encima de nuestra dignidad”, exclamaron durante la lectura del manifiesto, donde se denunció que la especulación ha elevado los precios de los alquileres a niveles insostenibles, impidiendo a muchas familias acceder a una residencia estable.

En el texto se subrayó la urgencia de que las administraciones públicas —locales, autonómicas y estatales— adopten medidas concretas para paliar la emergencia habitacional. Entre las propuestas que se pusieron sobre la mesa destacan la ampliación del parque de vivienda pública, la regulación efectiva de los alquileres y la garantía legal frente a desahucios injustificados.

“La falta de política pública agrava la emergencia habitacional en Fuerteventura”, remarcó el documento, señalando que la combinación entre la precariedad laboral y la falta de vivienda asequible impacta con especial dureza en la población insular.

La manifestación en la capital majorera, aunque modesta en número de asistentes —coincidió con la celebración de la feria FEAGA—, contó con un alto porcentaje de jóvenes, lo que la organización valoró positivamente. También se anunció la continuidad de las acciones de protesta y sensibilización, tanto en redes como en los medios de comunicación.

“La unión de quienes exigimos un techo seguro es nuestro mayor escudo frente a la injusticia”, declararon desde el Sindicato de Inquilinas, que ha reiterado su compromiso con una lucha que consideran clave para garantizar una vida digna.

En el contexto canario, la situación es especialmente crítica. En Fuerteventura, apenas existen viviendas en alquiler por menos de 600 euros mensuales, mientras que más de 83.000 inmuebles permanecen vacíos en el archipiélago, lo que representa el 8% del parque total. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial también son alarmantes: en 2024 se registraron 27.500 desahucios en el Estado, el 75% de ellos por impago de alquiler.

Las reivindicaciones de la jornada fueron contundentes: reducción drástica de los precios de alquiler, paralización inmediata de los desahucios, recuperación de viviendas vacías para su uso social, y eliminación de empresas antiocupación. Desde el movimiento aseguran que no dejarán de movilizarse hasta que el derecho a la vivienda deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una realidad tangible.