La batalla de Miguel Socorro por la paga extra recortada en 2010 entra en su fase judicial
Miguel Ángel Socorro Perdomo eleva su séptima reclamación al Ministerio, buscando justicia por el recorte de 2010.
María C.
28 de abril de 2026 a las 18:35
La lucha de Miguel Ángel Socorro
El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria del Cabildo de Fuerteventura eleva su séptima reclamación al Ministerio, esta vez al amparo del derecho fundamental de petición. Si no hay respuesta en tres meses, irá directo al Supremo por la vía especial de tutela de derechos fundamentales.
Miguel Ángel Socorro lleva siete años librando la misma pelea. Desde junio de 2019, cuando los funcionarios del Cabildo de Fuerteventura se convirtieron en los primeros del país en movilizarse contra la pervivencia del recorte impuesto por el Real Decreto-ley 8/2010, este Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria ha registrado un escrito tras otro ante la Secretaría de Estado de Función Pública: en 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025. Seis intentos. Y, según ha denunciado en los medios majoreros, prácticamente la misma respuesta cada vez: una contestación reciclada que se limita a recordar que la fórmula sigue vigente «porque sí».
Esta vez, Socorro ha cambiado el campo de juego.
El pasado 27 de abril registró un nuevo escrito, pero ya no como representante colectivo, sino a título personal y al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/2001 reguladora del Derecho de Petición. El cambio es radical: la norma obliga al Ministerio a dictar resolución expresa y motivada en tres meses y, en caso de silencio o respuesta evasiva, abre la vía directa al procedimiento especial de tutela jurisdiccional de derechos fundamentales del artículo 114 de la Ley 29/1998. Es decir, el caso saltaría al tribunal con la etiqueta de vulneración constitucional.
Argumentación y exigencias
«La crisis terminó. El recorte, no», declaró Socorro.
La argumentación jurídica del escrito gira en torno a un concepto técnico llamado a marcar el debate: la ultraactividad material de una norma extraordinaria. El Real Decreto-ley 8/2010 nació como medida coyuntural para reducir el déficit en plena crisis del rescate, pero quince años después sus efectos siguen vivos en las pagas extraordinarias del personal público, que continúan abonándose por debajo de la mensualidad ordinaria íntegra que ordena el artículo 22 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Para Socorro, esa pervivencia choca con los principios del artículo 9.3 de la Constitución —seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad— y constituye una lesión económica continuada que se renueva cada semestre.
El escrito exige tres cosas: el cese inmediato de los efectos del recorte sobre las pagas extras, la restitución íntegra de las dos pagas anuales conforme al EBEP y el reintegro retroactivo con intereses de todas las cantidades no prescritas. A ello suma una reserva expresa de acciones que incluye la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Impacto del recorte
Un movimiento con efecto dominó.
El recorte que denuncia Socorro afecta a todo el sector público español: Administración General del Estado, comunidades autónomas, cabildos, ayuntamientos, universidades, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, carrera judicial y personal de la Seguridad Social. Si su vía prospera, la plantilla quedará disponible para cualquier empleado público que quiera replicarla.
El reloj ya está corriendo. La Secretaría de Estado tiene hasta finales de julio para responder. Después de seis escritos contestados con copia y pega, esta vez Miguel Socorro no plantea una reclamación más: plantea un ultimátum jurídico, con la Constitución abierta por una página muy concreta encima de la mesa.
