NC acusa al Gobierno de no cumplir su compromiso para frenar la minería de tierras raras en Fuerteventura

En su intervención durante el pleno, Santana criticó que el Ejecutivo no haya impulsado el decreto ley canario comprometido hace un año, aprobado por mayoría en una proposición no de ley que contó con los votos de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. La propuesta, impulsada por NC-BC, buscaba cerrar la puerta legalmente a la explotación minera de tierras raras en la isla.

La parlamentaria calificó de “cortina de humo” la iniciativa del vicepresidente canario, Manuel Domínguez, que ha planteado como alternativa la reforma de la ley estatal de minas de 1973. Según Santana, esta propuesta no sustituye la urgencia de adoptar medidas concretas e inmediatas desde Canarias, como el decreto ley que sigue sin materializarse.

“El Ejecutivo no ha cumplido con lo aprobado y usa argumentos políticos y legales para justificarse, sin ofrecer soluciones efectivas a corto plazo”, declaró Santana, quien lamentó que la respuesta ofrecida por Domínguez a su pregunta oral en la sesión plenaria fuera “una mezcla de evasiva y contraataque, sin comprometerse con lo que se le pidió hace un año”.

La portavoz canarista recordó que, aunque Fuerteventura no aparece en el listado inicial de ubicaciones de exploración de tierras raras elaborado por la UE, ello no representa garantía alguna de que la isla no sea incluida en el futuro. Por ello, anunció que NC-BC ya ha comenzado a trabajar en nuevas iniciativas a nivel europeo para blindar legalmente a Fuerteventura frente a estas actividades.

Santana también cuestionó que Domínguez acusara a NC-BC de querer forzar la inclusión del caso de Fuerteventura en el debate europeo, cuando en realidad, afirmó, “estamos trabajando en Bruselas para proteger a la isla”. En su opinión, el Gobierno de Canarias “busca desacreditar nuestras acciones en lugar de debatir sobre el fondo del problema”.

La diputada canarista concluyó que el argumento esgrimido por el Ejecutivo para no legislar —la posibilidad de que una ley estatal anule un decreto ley autonómico— “no justifica su inacción”. “Eso no impide legislar desde Canarias para proteger nuestro territorio”, sentenció Santana.