Natalia Santana denuncia que el nuevo decreto de dependencia de Clavijo deja atrás a Fuerteventura

Críticas al nuevo decreto de dependencia

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, ha denunciado que el nuevo decreto de dependencia del Gobierno presidido por Fernando Clavijo deja atrás a islas como Fuerteventura. Según Santana, la norma mantiene sin solución la falta de recursos y la desigualdad territorial en el acceso a los cuidados en el Archipiélago. La diputada criticó que el Ejecutivo de las dos derechas impulse un modelo que impide a muchos canarios ejercer sus derechos reconocidos.

El nuevo decreto modifica el de 2023 sobre prestaciones de dependencia y la Ley de 2019 de Servicios Sociales de Canarias en materia de compatibilidades. Será debatido para su convalidación en el pleno de la Cámara la próxima semana. Santana destacó que el sistema de dependencia en Canarias está “desbordado”, con miles de personas en lista de espera y casos “inaceptables” donde el derecho está reconocido pero la atención nunca llega.

Desigualdad territorial y burocracia

Natalia Santana subrayó la profunda desigualdad territorial que el decreto evidencia en islas como Fuerteventura. En su opinión, la norma permite contratar servicios, pero ignora que en muchas zonas de la isla “no hay a quién contratar”. Municipios como Pájara, Tuineje o amplias zonas de Puerto del Rosario carecen de una red suficiente de empresas de asistencia personal o ayuda a domicilio.

La diputada alertó sobre la creación del Grado III+ de dependencia extrema, que aunque ofrece una ayuda de gran cuantía, puede convertirse en una “pesadilla burocrática” para las familias. La prestación es finalista, lo que obliga a justificar cada gasto bajo el riesgo de suspensión o devolución de las ayudas. Santana rechazó que se cargue a las familias “ya exhaustas” con la gestión administrativa de estos cuidados.

Responsabilidad de la administración pública

Para Natalia Santana, el acceso a los cuidados no debe depender del lugar de residencia. “No puede ser que el acceso a los cuidados dependa del lugar donde vivas”, reprochó. La portavoz en políticas sociales de NC-BC en el Parlamento fue contundente al afirmar que la “obligación” de garantizar los servicios corresponde a la administración pública y no debe trasladarse a las familias.

Finalmente, Santana defendió que Canarias “no puede seguir siendo gobernada a base de decretos de urgencia que evitan el debate de fondo”. Según ella, es necesario analizar “cómo construir una red pública de cuidados que llegue a todos los rincones de Canarias”. La diputada concluyó que el nuevo decreto no resuelve los problemas de fondo y deja a muchas familias en una situación precaria y desigual.