Miguel Socorro denuncia la “pasividad” de funcionarios y sindicatos ante un recorte que les cuesta hasta 20.000 euros

Denuncia del recorte

El jefe de servicio de Gestión Presupuestaria del Cabildo de Fuerteventura denuncia que los empleados públicos arrastran desde 2010 un recorte que nació como excepcional y que, 16 años después, sigue sin revertirse. En su caso, como funcionario del grupo A1, calcula una pérdida cercana a los 20.000 euros. Critica la «pasividad» de los empleados públicos y de los sindicatos que, reconoce, lo han dejado «solo». Aún así, «y porque es de justicia», continuará hasta el final, sin descartar un contencioso contra el Estado.

El jefe de servicio de Gestión Presupuestaria del Cabildo de Fuerteventura ha dado un nuevo paso en una batalla que, según sostiene, no libra solo por él, sino por el conjunto de los empleados públicos afectados desde 2010 por unas medidas que nacieron con carácter excepcional y que, a su juicio, el Estado mantiene «sin razón alguna».

Origen del recorte

Según recordó Socorro, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, el origen se sitúa en 2010, con el Real Decreto-ley 8/2010, aprobado en plena crisis económica para reducir el déficit público. Aquella norma introdujo una reducción de las retribuciones del personal del sector público, en torno al %, al tiempo que suspendía las pagas extraordinarias.

Posteriormente, en 2012, se produjo la supresión de la paga extraordinaria de diciembre al personal del sector público, acordada por el Real Decreto-ley 20/2012. Esa paga, explica, sí fue posteriormente devuelta, pero no ocurrió lo mismo con la estructura de las pagas extraordinarias ni con el recorte que, a su juicio, sigue lastrando las nóminas.

Cálculos de pérdida

Según los cálculos que hace, en el caso de un funcionario del grupo A1, como el propio Socorro, la pérdida acumulada por la no restitución íntegra de las pagas extraordinarias rondaría ya los 20.000 euros. «Estamos hablando de casi tres millones de las antiguas pesetas», subraya, insistiendo en que no se trata de pedir una subida salarial, sino de recuperar lo recortado.

Para Socorro, la clave está en que el sacrificio impuesto a los empleados públicos se justificó por una situación de emergencia económica ya superada. «La crisis acabó, pero esto continúa», denuncia, antes de acusar al Estado de mantener una penalización que considera carente de fundamento.

Crítica al Gobierno

Su crítica al Gobierno central es directa. Socorro no entiende que el Estado mantenga bloqueada la restitución cuando, recuerda, no es el pagador de la mayoría de los empleados públicos. «A mí quien me paga es el Cabildo Insular de Fuerteventura», advierte, antes de señalar que el Estado solo abona directamente un 15% de las nóminas de los aproximadamente tres millones de empleados públicos existentes en España. El resto, insiste, depende de comunidades autónomas, cabildos, diputaciones, ayuntamientos y otras administraciones.

Por eso, reclama la derogación del Real Decreto así como la restitución del 5% del salario y de las pagas extraordinarias, con carácter retroactivo.

La soledad de quien pide justicia

Pero su reproche no se dirige únicamente al Gobierno. Uno de los elementos más duros de su intervención apunta a la pasividad colectiva. Socorro lamenta la falta de acción de sus compañeros y de los representantes sindicales. Asegura sentirse prácticamente solo en una lucha que afecta a empleados públicos de todas las administraciones. Estado, comunidades autónomas, cabildos, ayuntamientos, Justicia, Hacienda, Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Seguridad Social; a ellos se ha dirigido, sin obtener respuesta.

También carga contra los sindicatos nacionales por haber celebrado acuerdos salariales recientes sin resolver antes esta cuestión. A su juicio, hablar de mejoras salariales mientras se mantiene vivo el recorte de las pagas extraordinarias equivale a «vender humo». «A mí no me ha subido el sueldo, porque sigo recortado 1.500 euros anuales de paga extra», sostiene.

Acciones realizadas

Desde Fuerteventura, según relata, se han presentado seis escritos al Estado desde 2019. La respuesta, denuncia, ha sido el silencio o una contestación insuficiente. Los representantes sindicales del Cabildo acudieron al derecho fundamental de petición, amparado en el artículo 29 de la Constitución, que reconoce el derecho de los españoles a formular peticiones por escrito. Como contestación, obtuvieron una indicación para dirigir la pregunta al Cabildo de Fuerteventura. Miguel Socorro instó a los sindicatos a continuar por la vía judicial para lograr una contestación, sin embargo, lamenta, se echaron para atrás.

Sin apoyo, el funcionario majorero ha dado un paso más y ha presentado una queja ante la Diputación del Común para que se interese por el expediente y obligue a la Administración a contestar. Quiere una respuesta expresa, razonada y formal. «Quiero saber el motivo», insiste, porque el Estado no ha motivado adecuadamente por qué mantiene el recorte, insiste.

Posibles acciones futuras

El siguiente paso podría ser un contencioso administrativo contra el Gobierno del Estado. Socorro no lo descarta. De hecho, afirma que ya ha sido asesorado jurídicamente y que podría acudir solo a los tribunales si no obtiene una respuesta satisfactoria. Lo que inicialmente reclamaría, precisa, no sería entrar directamente en el fondo económico, sino obligar al Estado a contestar a su derecho de petición.

«Seguiré hasta el final», advierte. Y lo hará, dice, porque considera que la reclamación es «de justicia». No pide una subida. No reclama un privilegio. Reclama, insiste, que se reponga lo que se recortó bajo la promesa de una excepcionalidad que, 16 años después, sigue afectando al bolsillo de miles de empleados públicos.