Venezuela, Irán, Cuba y ahora el Sáhara: la doctrina Trump de imponer marcos sin contar con los pueblos afectados (ni con Canarias)
La gira del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, revela un patrón diplomático preocupante.
María C.
9 de mayo de 2026 a las 12:56
La «ventana» que se cierra sobre cinco décadas de espera
«La ventana para lograrlo no estará abierta de forma indefinida», dijo Landau esta semana. La frase, dirigida nominalmente al Frente Polisario y a Argelia, es en realidad el certificado de defunción diplomático de un proceso que arrancó en 1975 con un compromiso explícito de Naciones Unidas: el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Cinco décadas después, Washington descarta esa vía, blinda el plan marroquí de autonomía como «única» salida creíble, refuerza la cooperación militar en la base aérea de Ben Guerir y propone el desarrollo económico de Dajla como zanahoria para que el Polisario acepte el marco ya cerrado.
La secuencia diplomática que culmina en esta visita es conocida y vertiginosa: reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí en 2020, giro español en marzo de 2022, alineamiento francés en 2024 y, en octubre de 2025, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide tomar el plan marroquí «como base» para conversaciones «sin condiciones previas». Cada uno de esos pasos ha ido cerrando la puerta a la autodeterminación tal y como la entendieron quienes, durante medio siglo, la defendieron.
Entre quienes la defendieron, Canarias ocupa un lugar singular. Y silencioso.
La defensa canaria del pueblo saharaui: una historia que no aparece en los despachos
Antes de 1975, El Aaiún, Villa Cisneros o Smara no eran nombres extranjeros para los majoreros, lanzaroteños y grancanarios. Eran destino laboral, militar y administrativo. Miles de canarios sirvieron en las Tropas Nómadas, trabajaron en los fosfatos de Fos Bucraa o levantaron familia en el territorio. La Marcha Verde y los Acuerdos Tripartitos de Madrid se vivieron en las islas no como un episodio diplomático lejano, sino como un repliegue precipitado que dejó atrás vínculos personales, compañeros de trabajo y a auxiliares saharauis que habían servido bajo bandera española.
Esa memoria no se quedó en la nostalgia. Se convirtió en militancia civil sostenida durante medio siglo. La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui lleva décadas trabajando desde el archipiélago. El programa «Vacaciones en Paz» tiene en Canarias una de sus implantaciones más sólidas del Estado, con cientos de familias de acogida en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria que cada verano reciben a niños y niñas de los campamentos de Tinduf. La diáspora saharaui en las islas, especialmente en Las Palmas y en la propia Fuerteventura, es una comunidad consolidada con cuatro décadas de arraigo. Ayuntamientos majoreros y de otras islas mantienen hermanamientos con poblaciones saharauis. El Cabildo de Fuerteventura ha aprobado en distintas legislaturas mociones de apoyo a la autodeterminación. El propio Parlamento de Canarias se ha pronunciado en términos similares en más de una ocasión.
Mientras Madrid giraba en 2022 hacia el plan marroquí sin debate parlamentario, esa red civil canaria seguía recibiendo niños, organizando caravanas humanitarias, denunciando vulneraciones de derechos humanos en los territorios ocupados y exigiendo que se cumpliera el mandato de Naciones Unidas. Lo siguen haciendo hoy. Pero su voz, igual que la del pueblo al que defienden, no llega a las salas donde ahora se decide.
La esquizofrenia institucional
España conserva en el Sáhara una responsabilidad que no tiene en ningún otro expediente diplomático abierto: sigue siendo, según Naciones Unidas, la potencia administradora de iure del territorio. Esa condición no la otorga Marruecos ni la retira Washington: la fija el derecho internacional. Y, sin embargo, desde marzo de 2022 el Gobierno español está alineado con el plan marroquí de autonomía, una decisión adoptada sin debate parlamentario y que choca frontalmente con la trayectoria de los movimientos solidarios canarios y con resoluciones aprobadas en cabildos, ayuntamientos y en el propio Parlamento autonómico.
El presidente canario, Fernando Clavijo, declaró el pasado mes de abril, durante la cumbre con la región marroquí de Souss Massa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, que «comparte y acata» la posición del Gobierno central sobre el Sáhara, recordando que las competencias en relaciones internacionales son del Estado y que Canarias está «totalmente al albur de lo que decida». Es una postura legal impecable. Es también la confirmación de que, en el expediente que más directamente interpela a la sociedad civil canaria, el Gobierno autonómico ha decidido no añadir voz propia a la del Estado.
El resultado es una esquizofrenia difícil de explicar a quienes llevan cincuenta años recibiendo niños saharauis: las mismas instituciones que han apoyado durante décadas la causa del pueblo saharaui, ahora callan o se acomodan al marco que la liquida.
Lo que aterriza en Fuerteventura cuando se cierre la ventana
El argumento de Landau es económico: el desarrollo de Dajla y del sur del territorio sería la palanca para forzar al Polisario y a Argelia a aceptar la autonomía marroquí. Desde Fuerteventura, ese argumento tiene aristas que conviene no dar por buenas sin examen.
La explotación de los recursos del Sáhara Occidental bajo bandera marroquí —pesca, fosfatos, agricultura intensiva— ha sido cuestionada repetidamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con consecuencias directas para la flota majorera. La expansión turística e inmobiliaria de Dajla, ahora promovida explícitamente por Washington, se construye con marcos regulatorios y costes laborales con los que el modelo turístico canario difícilmente puede competir, en un momento en que el archipiélago se ha situado como el mercado hotelero más rentable del Estado en el arranque de 2026. Y la estabilidad de la frontera sur depende íntegramente de la cooperación marroquí, una palanca que Rabat ha demostrado saber abrir y cerrar en función de la política exterior española y europea.
Cuando se cierre la «ventana» de Landau, lo notará la pesca de Gran Tarajal y de Morro Jable, lo notará el sector hortofrutícola majorero, lo notarán los hoteles del sur, y lo notarán las casas que cada verano abren la puerta a los niños de Tinduf y que, llegado el caso, ya no sabrán qué responder cuando esos niños pregunten qué fue de la promesa del referéndum.
El Día de Europa, justo hoy
Que esta cuarta entrega se anuncie precisamente un 9 de mayo, Día de Europa, no es un detalle menor. Hoy se cumplen 76 años de la Declaración Schuman, que nació, precisamente, como reacción a la doctrina de los hechos consumados, los ultimátums y los marcos impuestos. Setenta y seis años después, esa misma doctrina avanza en el Atlántico africano con el aval del principal aliado europeo, y el territorio europeo más cercano al expediente saharaui —el archipiélago canario, frontera sur de la Unión, región ultraperiférica, sociedad civil con medio siglo de compromiso solidario— sigue sin reclamar la silla que le corresponde.
La defensa de la libertad del pueblo saharaui se ha hecho durante décadas desde Canarias en las casas, en las plazas, en los puertos, en las aulas y en los plenos municipales. Sería una derrota mayor que ese trabajo silencioso de medio siglo se diera por concluido sin que las islas hubieran levantado siquiera la voz para decir que también ellas tienen algo que aportar a la mesa.
Aunque solo sea para que, cuando llegue la quinta entrega, no nos pille de nuevo mirando hacia otro lado.
