La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para un acusado del asesinato en Caleta de Fuste
Un jurado popular juzgará la próxima semana en la Audiencia de Las Palmas a un hombre acusado de asesinar a otro en Caleta de Fuste, Fuerteventura. La Fiscalía ha solicitado para él una condena de 22 años de prisión, sosteniendo que atacó a la víctima con «extrema violencia», golpeándole repetidamente en la cara y el cráneo y clavándole un objeto punzante en la frente hasta en ocho ocasiones, con la intención de incrementar deliberadamente su sufrimiento.
Redacción Radio Insular
6 de febrero de 2025 a las 15:55
Una noche que terminó en tragedia
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, identificado como H.S., y la víctima, C.J.H.S., pasaron la noche del 9 de diciembre de 2022 en un bar del centro comercial Happy Center de Caleta de Fuste. De madrugada, ambos se dirigieron al domicilio de la víctima.
En el interior de la vivienda, el acusado desató un ataque extremadamente violento, golpeando a la víctima en el rostro y el cráneo con contundencia. Además, le infligió heridas con un objeto punzante en la zona de la frente, con el aparente propósito de prolongar su agonía de manera cruel e inhumana.
El informe forense señala que la víctima falleció entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada del 10 de diciembre debido a los traumatismos severos en la cara y el cráneo, además de una compresión externa de las vías respiratorias, lo que sugiere que el acusado presionó su cuello hasta provocar la asfixia.
Reclamación de indemnización y posible expulsión del acusado
Los familiares del fallecido han solicitado una compensación económica por los daños sufridos. La Fiscalía ha solicitado que se concedan 60.000 euros a cada uno de sus progenitores y 20.000 euros a cada uno de sus tres hermanos en concepto de indemnización.
Además, el Ministerio Fiscal plantea la posibilidad de que, si el acusado recibe una condena superior a los 10 años de prisión, el tribunal acuerde su expulsión del territorio español. Esto significaría que, una vez cumplida parte de la pena, al acceder al tercer grado o recibir la libertad condicional, sería deportado y se le prohibiría regresar a España durante un periodo de 10 años.
El juicio, que contará con la participación de un jurado popular, será clave para determinar la responsabilidad penal del acusado y la posible imposición de la pena solicitada por la Fiscalía.