- El Ministerio Fiscal atribuye al exalcalde del Ayuntamiento de Pájara haber presuntamente delinquido en la operación que le costó a las arcas públicas 1,8 millones de euros
La Fiscalía ha enviado al Juzgado Decano de Puerto del Rosario una denuncia contra Pedro Armas, exalcalde del Ayuntamiento de Pájara, por la compra de la conocida finca de Ajuy por 1,8 millones de euros.
En su denuncia, la Fiscalía solicita la apertura del procedimiento penal en el Juzgado y solicita que se tome declaración en calidad de investigado a Pedro Armas (AMF), que fue alcalde de Pájara entre noviembre de 2019 y junio de 2023, y que negoció la adquisición de los terrenos, más de 577.700 metros cuadrados.
El Ministerio Fiscal también pide que el Juzgado tome declaración en calidad de responsables a título lucrativo a los actuales apoderados de la empresa Paraje Natural de Ajuy SL, que vendió el 99 por ciento de la finca, y de Guadalberto Ancor Gil, propietario del uno por ciento restante.
En la denuncia, que se produce después de una investigación que se ha prolongado durante prácticamente un año por parte de la Fiscalía, se destaca la “posible comisión de un delito de prevaricación administrativa perpetrado” por parte del que era alcalde de Pájara, si bien en el oficio que se dirige al Juzgado se apunta a una supuesta malversación.
Pedro Armas, según la Fiscalía, era “conocedor” de que el procedimiento de adjudicación directa que se empleó para la compra de la finca de Ajuy “no era el adecuado”, al no presentar “garantías suficientes” sobre la determinación del “verdadero precio de mercado” de los terrenos.
En el expediente municipal constan informes desfavorables en los que, “de manera indubitada”, se mostraba que el procedimiento seguido era inadecuado, elaborados los citados dictámenes por la técnico de gestión patrimonial del Ayuntamiento de Pájara y por el secretario de la Corporación municipal.
Sin embargo, ambos informes fueron “desatendidos” por Pedro Armas, quien encargó una tasación externa a un ingeniero agrario, “en vez de optar” por encomendársela a una sociedad de tasación inscrita en el Registro del Banco de España.
La ratificación de la valoración externa de los terrenos estuvo avalada por el arquitecto del Ayuntamiento solo de manera “meramente formal”, pero no validó el precio de 1,8 millones de euros que se terminaron pagando con fondos públicos.
Así, la Fiscalía destaca que la vía seguida por el entonces alcalde de Pájara perseguía “agilizar” la compra de los terrenos, pero “bajo el riesgo aceptado de justificar un precio de mercado muy superior al real que le correspondía a la finca de Ajuy”.
En ese sentido, “se carecía del preceptivo estudio de mercado para determinar el valor de la finca a tasar, en los términos exigidos” por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Además, la adjudicación directa por la que optó Armas permitió “eludir” el procedimiento de concurso y expropiación forzosa, previa declaración de utilidad pública o interés social de la finca de Ajuy, que “habría exigido la aprobación de un proyecto” y un “adecuado control del precio de mercado a pagar”.
La Fiscalía resalta que ya la tasación externa encargada por el exalcalde “ofrecía serias dudas de que el precio” de 1,8 millones de euros “hubiera sido correctamente formado, no correspondiéndose el precio fijado con el valor real de mercado”.
