En medio de un tenso debate sobre la regulación del alquiler vacacional, el Gobierno de Canarias se mantiene firme en su defensa de un nuevo marco legislativo destinado a ordenar esta actividad, enfrentándose a las últimas críticas de la Asociación de Viviendas Vacacionales de Canarias (ASCAV), fundamentadas en un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que la patronal ha calificado como “demoledor” sobre la futura ley.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico denuncia que el documento no refleja adecuadamente las necesidades de la población ni la crisis habitacional declarada en las islas, ya que responde únicamente a «criterios económicos».
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha respondido con dureza contra el documento de la CNMC, ya que apunta a una liberalización del sector del alquiler vacacional, incluyendo la posibilidad de que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) se utilicen para estos fines.
El Gobierno de Canarias argumenta que el informe de la CNMC se centra excesivamente en criterios de mercado y competitividad, sin considerar las necesidades residenciales de la población local.
La ley en cuestión, que actualmente se tramita en el Parlamento de Canarias por la vía de urgencia, establece límites claros al crecimiento del alquiler vacacional en zonas ya tensionadas por la escasez de vivienda.
Contrario a lo que sugiere la CNMC, el Ejecutivo insular considera que estas restricciones son esenciales para preservar el tejido social y evitar la conversión de zonas residenciales en meros enclaves turísticos, lo que podría exacerbarse si se adoptan las recomendaciones del informe.
El documento critica que se destine un 90 % de la edificabilidad a los residentes, y se fije un 10 % para uso turístico. “Desde el Ejecutivo autonómico defendemos que este límite es una herramienta imprescindible para garantizar que la vivienda siga cumpliendo su función social”, expuso la consejera, recordando que “en las islas verdes, donde la presión turística es menor, el porcentaje destinado a la vivienda vacacional puede alcanzar hasta el 20 %”.
Además, la consejera De León ha resaltado que el informe pasa por alto aspectos fundamentales como la accesibilidad y la protección de áreas naturales y agrícolas, donde las propuestas de la CNMC podrían tener impactos ambientales y sociales negativos.
Por último, De León remarcó que el texto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha sido avalado por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, por un informe del Gobierno de España, y por el Consejo Consultivo, que validó los principios esenciales de la norma y su estructura central.
También se pronuncia en los mismos términos que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como en la línea de los principios de sostenibilidad establecidos por el Parlamento Europeo.
