Canarias destina cuatro millones en ayudas directas al sector agrícola por los efectos de la sequía

La medida, financiada íntegramente con fondos propios del Ejecutivo autonómico, beneficiará a explotaciones dedicadas al cultivo de papa, vid, olivo, forrajeros, batata y frutales templados, y se enmarca en un contexto de merma hídrica que ha reducido de forma considerable el rendimiento de cultivos esenciales para la economía rural.

El consejero del área, Narvay Quintero, ha subrayado que “esta ayuda constituye un soporte económico directo a los productores afectados, con el propósito de garantizar la continuidad de su actividad y reducir el impacto socioeconómico en las familias y las zonas rurales del archipiélago”. Además, explicó que esta línea se suma a la concedida el año pasado para la campaña de 2023, que supuso 3,8 millones de euros.

Las personas beneficiarias deben aceptar la ayuda presentando una declaración responsable entre el 11 de junio y el 8 de julio, a través del siguiente enlace de la sede electrónica del Gobierno de Canarias:
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/10096

Dicha declaración deberá acreditar las ayudas de mínimis recibidas en los tres ejercicios anteriores. El abono de la subvención se realizará una vez verificados los requisitos, a través de la entidad pública Gestión del Medio Rural Canarias.

Para el cálculo de las ayudas:

• En el caso del viñedo, se ha realizado una comparativa de rendimiento por superficie entre 2019 y 2023 respecto a 2024.
• Para el resto de cultivos, se ha utilizado como referencia la superficie declarada y los costes medios de producción establecidos por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

La intensidad de la ayuda variará en función de si el titular de la explotación dispone o no de seguro agrario contratado, siendo más elevada en el primer caso.

Quintero añadió que “esta es una medida de efecto inmediato, mientras continuamos trabajando en soluciones estructurales a largo plazo, como la puesta en marcha de nuevas desaladoras agrícolas y la mejora de las infraestructuras de riego, con una inversión prevista en los presupuestos autonómicos de 20 millones de euros”.