La Comisión de vecinos de la Comarca Sur, integrada por afectados del valle de La Lajita y Tarajal de Sancho, ha solicitado al Gobierno de Canarias una mesa de diálogo urgente para abordar el proyecto de la autovía que cruzará la región. Mientras el Ejecutivo plantea un trazado que podría destruir más de 80 hectáreas de cultivo, cerca de 80 edificaciones y la principal empresa turística de la zona, los vecinos proponen una alternativa sostenible que evitaría tales impactos negativos.
Impacto en la economía y el medio ambiente
El trazado gubernamental, según los residentes, afectaría a terrenos agrícolas de gran importancia en el Valle de La Lajita, considerado el último espacio cultivable al sur de Fuerteventura. Además, este proyecto amenaza al Oasis Wildlife, reconocido como de interés público y turístico excepcional.
Pedro Pérez, portavoz de la comisión, destacó: “Proponemos un trazado por el valle de Guerepe que conecta con la rotonda de Marcos Sánchez. Es más respetuoso con el entorno y reduce considerablemente el impacto sobre la población”. Esta opción también permitiría la recuperación ambiental de un antiguo vertedero, sin afectar viviendas ni terrenos de valor económico y ecológico.
Por su parte, Cirila Cabrera, empresaria y también portavoz, aseguró: “Si se opta por el trazado del Gobierno, no solo se destruirán valiosas tierras de cultivo, sino que se alterará el equilibrio ecológico de la zona. No conseguimos entender el interés en mantener esta propuesta cuando existe una alternativa más sostenible y consensuada”.
Patrimonio en riesgo
El proyecto actual también amenaza un legado agrícola y ganadero trabajado por generaciones. Leocadio Araya Sánchez, agricultor del Valle de La Lajita, denunció: “Estamos ante una auténtica amenaza. Esta autovía atravesaría cultivos que llevan generaciones siendo trabajados. Es imperdonable”.
La zona, habitada desde tiempos remotos, alberga numerosas viviendas vacacionales y propiedades que quedarían divididas o destruidas con el trazado gubernamental. Este impacto afecta a más de 100 propietarios, quienes podrían ver truncadas sus posibilidades de desarrollo económico y social.
Llamado al diálogo y movilización ciudadana
Los vecinos exigen una respuesta clara del Gobierno y han advertido que, de no ser escuchados, tomarán medidas. “Aún estamos a tiempo de no cometer un error y avanzar en la propuesta más adecuada. No vamos a quedarnos de brazos cruzados”, reiteró Cirila Cabrera. Entre las acciones contempladas se incluyen la recogida de firmas, tanto físicas como digitales, y la organización de movilizaciones ciudadanas.
La Comisión de vecinos insiste en que su propuesta protege tanto el medio ambiente como los intereses de la comunidad. “Queremos una solución que beneficie a todos, sin sacrificar lo que hace única nuestra tierra”, concluyó Cabrera.
