El futuro del Centro de Primeras Llegadas previsto en El Matorral, Fuerteventura, queda en entredicho tras el dictamen emitido por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ha informado de forma desfavorable sobre su viabilidad urbanística. El motivo, según se desprende de la documentación oficial, es que el proyecto impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no se ajusta al actual planeamiento urbanístico municipal, al estar previsto sobre suelos clasificados como infraestructuras de defensa, lo cual impide su uso asistencial sin una modificación previa del plan general.
El consistorio majorero, a través de su Concejalía de Urbanismo, ha detallado que el terreno donde se pretende construir el centro —una parcela denominada “SRPIE El Matorral (Cuartel)”— está calificado para albergar edificaciones de interés para la Defensa, de acuerdo con el Plan General de Ordenación del municipio. El uso asistencial pretendido para el centro de acogida entra en colisión directa con esa clasificación, lo que ha llevado a declarar la disconformidad del proyecto con la ordenación vigente.
Esta situación no es nueva. El Ayuntamiento ya había advertido desde 2023 al Ministerio de Inclusión sobre esta incompatibilidad legal, llegando incluso a plantear la posibilidad de tramitar una ordenanza provisional que habilitara el cambio de uso, pero esa vía no se concretó. En cambio, el Ministerio continuó su procedimiento amparándose en la Disposición Adicional 10ª del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que permite a la Administración General del Estado tramitar proyectos urbanísticos de forma acelerada en casos de urgencia o excepcional interés público.
No obstante, dicha normativa también establece un procedimiento claro en caso de disconformidad urbanística: el expediente debe ser elevado al Consejo de Ministros, quien será el único órgano competente para autorizar la ejecución de las obras y ordenar, en su caso, la modificación del planeamiento. Pero este trámite no se ha realizado hasta ahora, y el Ayuntamiento reprocha que el Ministerio haya continuado con el proyecto como si la disconformidad municipal no tuviera consecuencias legales.
Una licitación abierta en medio del desacuerdo institucional
Pese al informe desfavorable del Ayuntamiento, el proyecto ya ha sido sacado a licitación pública a través de la empresa pública Tragsa. Según la memoria justificativa, el centro —valorado en 2,6 millones de euros sin impuestos— forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU). Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 27 de marzo.
El proyecto contempla una infraestructura con capacidad para 800 personas, en una parcela de más de 53.000 metros cuadrados, con un enfoque asistencial destinado a la primera atención a personas migrantes que llegan a la isla. Según el Ministerio, se trata de una respuesta necesaria y urgente ante el aumento de llegadas irregulares y el colapso de los recursos de acogida actuales.
Desde el consistorio, sin embargo, se insiste en que la tramitación del proyecto, sin haber corregido su base urbanística, no garantiza la seguridad jurídica necesaria. El Ayuntamiento recuerda que su función no es bloquear las iniciativas estatales, pero sí garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y velar por el respeto al planeamiento municipal.
El Ayuntamiento podría suspender las obras si se iniciaran sin los pasos legales preceptivos
La normativa vigente faculta además a los ayuntamientos a acordar la suspensión cautelar de las obras, si estas se pretendiesen ejecutar sin haber subsanado la disconformidad urbanística. En este sentido, el consistorio se reserva expresamente ese derecho y advierte al Ministerio que no puede interpretar el retraso en la notificación como una aceptación tácita, dado que la disconformidad ya había sido manifestada de forma clara en resoluciones anteriores.
La administración local considera que no se puede eludir el procedimiento establecido en la ley y que, en aras de la seguridad jurídica, el Consejo de Ministros debe pronunciarse expresamente sobre si procede o no ejecutar la obra, tal y como marca el segundo párrafo de la Disposición Adicional 10ª.
Un proyecto necesario, pero cuestionado en su forma de tramitación
La polémica en torno a este centro de acogida refleja un problema estructural en la gestión de proyectos estratégicos en Canarias, donde la urgencia social y humanitaria muchas veces choca con los trámites administrativos y urbanísticos. En este caso, mientras el Gobierno central argumenta la urgencia del proyecto para responder al fenómeno migratorio, el Ayuntamiento recuerda que la planificación urbanística no puede vulnerarse sin un procedimiento claro que la modifique.
Ahora, el desarrollo del proyecto queda en manos del propio Ministerio, que deberá decidir si tramita una orden ministerial que lo eleve al Consejo de Ministros, tal como exige la legislación, o si replantea el proyecto para ajustarse a la normativa vigente.
Lo que parece claro es que la construcción del centro no podrá iniciarse con las actuales condiciones legales, salvo que se modifique previamente la ordenación del suelo mediante los cauces jurídicos adecuados.
Rechazo vecinal a la instalación del centro en El Matorral
Además del conflicto institucional, el proyecto ha generado también un profundo malestar entre parte del vecindario de El Matorral, que ya en meses anteriores expresó su rechazo a la construcción y posible ampliación del centro de acogida en esta zona. Según denuncian los residentes, la iniciativa se ha tramitado sin participación ciudadana ni información transparente, lo que ha provocado movilizaciones y recogida de firmas en contra del proyecto. Los vecinos han mostrado su preocupación por la proximidad del centro a zonas residenciales y escolares, así como por el impacto social y urbanístico que podría tener sobre el entorno. En declaraciones públicas, representantes vecinales han reclamado que se escuche su voz y que no se impongan decisiones sin consenso en un barrio que ya se siente olvidado por las administraciones.
