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Puerto del Rosario impone una cuarta multa por las obras ilegales en El Matorral, donde CEPAIM atiende a personas migrantes

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha impuesto una cuarta multa coercitiva de 3.000 euros por el incumplimiento reiterado de la orden de demolición de obras ilegales en 20 dúplex situados en las calles El Aljibe, Sobrao y Los Nateros, en el pueblo de El Matorral, donde actualmente la Fundación CEPAIM desarrolla su labor de atención a la población migrante. Obras que se materializaron añadiendo una tercera planta ilegal a las viviendas, como reiteradamente han venido denunciando los vecinos de la zona.

Pía Peñagarikano

Pía Peñagarikano

11 de octubre de 2025 a las 20:00

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El expediente forma parte del procedimiento de ejecución forzosa de órdenes urbanísticas abierto contra el propietario de los inmuebles E. V. A., por haber levantado cerramientos y techados en terrazas traseras sin licencia y sin posibilidad de legalización.

Según consta en el escrito, las obras fueron declaradas “contrarias a la legalidad urbanística, sin el preceptivo título habilitante y no legalizables” en una resolución fechada el 10 de abril de 2024.

El Ayuntamiento ordenó entonces el restablecimiento de la legalidad urbanística mediante la demolición de lo construido “en un plazo de tres meses desde la recepción de la resolución, sin que sea necesario para ello licencia municipal”.

Ante la inacción del propietario, el consistorio activó el mecanismo de multas coercitivas mensuales. “El incumplimiento de una orden de restablecimiento dará lugar a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas y, en caso de persistir, a la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento”, destaca el expediente.

Desde junio hasta octubre de 2025 se han dictado ya cuatro sanciones de 3.000 euros cada una, sin que el propietario haya ejecutado la demolición ordenada.

La administración municipal advierte que, de persistir el incumplimiento, procederá a la ejecución subsidiaria de las obras y a la repercusión de los costes al infractor, aunque también contempla la posibilidad de establecer un precinto total de las instalaciones, según informan a este medio fuentes municipales.

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Se da la circunstancia de que los inmuebles objeto del expediente están siendo utilizados por la Fundación CEPAIM que, a través de su programa CONVIVE, gestiona servicios de acogida y atención a personas migrantes en situación irregular de forma temporal.

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