La Policía Local de Puerto del Rosario procedió el pasado miércoles 11 de marzo al precinto cautelar de varios garajes situados en la planta baja de un inmueble de la calle Galicia, utilizados como infraviviendas y, presuntamente, como punto de venta de drogas. La actuación, sin embargo, no fue un hecho aislado, sino que se integra en una operación de mayor alcance desarrollada por la Policía Nacional que ha permitido desarticular una organización criminal en la capital majorera.
Según la información disponible, la intervención se inició tras las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de la Comisaría de Puerto del Rosario, que venía investigando a una red dedicada al tráfico de drogas. La operación culminó con dos registros simultáneos en inmuebles del municipio, uno de ellos precisamente un garaje habilitado como vivienda, que funcionaba como centro logístico y punto de venta.
Durante estos registros, los agentes detectaron indicios de la comisión de presuntos delitos, lo que motivó la solicitud de colaboración a la Policía Local para proceder al precinto administrativo de los espacios. En la inspección se constató la insalubridad de los lugares, la ausencia de condiciones mínimas de seguridad y la falta de autorización para su uso como vivienda, lo que suponía un riesgo tanto para las personas como para la estructura del inmueble.
Como consecuencia, la Policía Local ejecutó el cierre cautelar de los garajes y trasladó las actuaciones al departamento municipal de Disciplina Urbanística, que ha iniciado el correspondiente expediente por posibles infracciones a las ordenanzas.
Pero más allá de la infracción urbanística, la investigación policial ha destapado un entramado delictivo especialmente grave. La organización, según la Policía Nacional, no solo se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes, sino que también explotaba a personas con problemas de drogodependencia en situación de extrema vulnerabilidad.
Estas personas eran presuntamente utilizadas para vigilar zonas, transportar droga y captar clientes. Además, algunos de ellos habrían sido obligados a cometer robos y hurtos para saldar deudas derivadas de su propio consumo dentro de la organización, lo que habría provocado un incremento de delitos contra el patrimonio en la zona, especialmente robos en vehículos, comercios y áreas industriales.
La investigación también documentó episodios de detención ilegal y extorsión. Según los agentes, algunas víctimas eran trasladadas bajo amenazas a entidades bancarias para retirar dinero en efectivo, que posteriormente era entregado a los miembros de la organización.
El operativo policial se saldó con la detención de trece personas, investigadas por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, extorsión y diversos delitos contra el patrimonio. En los registros se intervinieron 33 gramos de cocaína y 30 gramos de crack preparados para su distribución, además de 2.140 euros en efectivo, seis básculas de precisión, material para la elaboración de drogas, equipos de transmisión y dos bates de béisbol.
Parte de esta operación tuvo su origen en una actuación previa de la Policía Local el lunes 9 de marzo, cuando dos personas fueron detenidas en una entidad bancaria de Puerto del Rosario por su presunta implicación en un caso de detención ilegal y extorsión. Estas diligencias sirvieron de base para que la Policía Nacional continuara con la investigación.
Los trece detenidos fueron puestos a disposición judicial los días 12 y 13 de marzo. El juzgado decretó el ingreso en prisión para tres de ellos, presuntamente implicados en delitos de detención ilegal, mientras que el resto de la causa continúa en fase judicial.
Este caso vuelve a poner el foco en dos problemáticas que conviven en el municipio: por un lado, el uso irregular de locales como infraviviendas sin garantías mínimas de habitabilidad; y por otro, la existencia de redes delictivas que se aprovechan de la vulnerabilidad social para sostener actividades ilícitas, generando un impacto directo en la seguridad y la convivencia vecinal.
