El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) ha solicitado formalmente al Parlamento de Canarias que declare al archipiélago como zona tensionada en materia de vivienda, amparándose en la Ley Estatal de Vivienda y en los datos que reflejan una crisis habitacional con consecuencias directas sobre la salud mental y la calidad de vida de la población.
Durante una comparecencia en la Cámara regional, la presidenta de Odesocan, Emma Colao, presentó un informe que advierte del deterioro del sistema público de servicios sociales y de la relación entre el encarecimiento del alquiler y los problemas de salud mental. Según el estudio, “por cada euro que aumentó el precio del alquiler aumentó la prevalencia de trastornos ligados a la salud mental en 0,74 puntos”.
Colao subrayó la urgencia de adoptar medidas concretas y estructurales, entre ellas la extinción de la figura de la vivienda vacacional en toda Canarias y la aprobación de un Plan Autonómico de Emergencia Habitacional y Salud Mental. En su intervención, remarcó que el archipiélago vive una situación insostenible: “Canarias es la segunda comunidad autónoma con peores salarios, la segunda con la cesta de la compra más cara y la que más norma redacta y más ley incumple”, denunció.
Asimismo, la presidenta de Odesocan lamentó que “el 38% de la población canaria esté debatiéndose entre pagar el agua, la luz o el alquiler” y señaló que el sistema de atención en servicios sociales se encuentra colapsado, llegando a tardar “una media de cinco años” en reconocer un derecho a la discapacidad.
Colao también criticó el uso de las subvenciones por parte de la Consejería de Bienestar Social para cubrir servicios que, según ella, “debería prestar directamente la propia Dirección General”, y acusó al departamento de operar “como un transatlántico sin rumbo, sin dirección, sin timón, con un ancla arrastrando”.
La dirigente insistió en que la raíz del problema no se encuentra en Madrid, sino en la propia gestión autonómica: “En Canarias lo que nos sobra es dinero, pero lo que falta es mano para gestionar”, recalcó, lamentando la falta de respuesta a la emergencia habitacional mientras existen 211.000 viviendas vacías y más de 55.000 viviendas vacacionales.
La comparecencia también sirvió para debatir entre los grupos parlamentarios sobre la situación social en las islas. Desde Agrupación Socialista Gomera (ASG), la diputada Mendoza reconoció la necesidad de más personal y herramientas de gestión “interoperables”. Por parte de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Santana destacó que los derechos sociales “no son compartimentos estancos”, mientras que desde el Partido Popular (PP), Saavedra defendió los avances logrados por el Gobierno “aunque aún no sean suficientes”.
En representación de Coalición Canaria (CC), González Alonso admitió el exceso de burocracia en los procedimientos, pero aseguró que “ya se trabaja en un nuevo procedimiento para agilizar el reconocimiento de la discapacidad”. Finalmente, desde el PSOE, la diputada Elena Máñez agradeció la labor del Observatorio y lamentó que el Ejecutivo regional no comparta los resultados de su propio observatorio institucional: “Frente al triunfalismo del Gobierno, el sistema se está resquebrajando, porque detrás de todas esas cifras los derechos son de papel”, sentenció.
El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) ha pedido al Parlamento de Canarias que declare al archipiélago como zona tensionada en materia de vivienda debido a la crisis habitacional que afecta a la salud mental y la calidad de vida de la población. Instó a tomar medidas como eliminar la vivienda vacacional en la región y aprobar un Plan Autonómico de Emergencia Habitacional y Salud Mental. En la misma línea, reveló que «el 38% de la población canaria tiene dificultades para pagar el agua, la luz o el alquiler» y criticó la gestión de la Consejería de Bienestar Social.
Vaya otros que han descubierto la pólvora