Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) culpó hoy al Gobierno presidido por Fernando Clavijo de agravar la crisis habitacional en Canarias por no aplicar las herramientas legales disponibles para limitar el precio del alquiler, que solo en el último año ha crecido un 22 por ciento. La portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Hernández, criticó la insensatez de CC y el PP por no ejercer las competencias del Ejecutivo para garantizar un arrendamiento asequible. La diputada canarista subrayó que, en base al Estatuto y a la ley estatal, la responsabilidad final de declarar las zonas tensionadas recae en el gabinete de las dos derechas.
Transcurrido año y medio, Nueva Canarias-BC sostiene que los responsables gubernamentales actuales pueden hacer “mucho más” para resolver el “serio” problema que “tenemos en Canarias” en materia de vivienda y “no lo hacen”, denunció Carmen Hernández. Mantuvo que el decreto de emergencia es un “canto a la especulación”, al igual que la propuesta de utilizar la Reserva de Inversiones (RIC) para vivienda libre “sin poner topes” al precio del alquiler.
“Decimos alto y claro, que hay que declarar zonas tensionadas y limitar los imparables y desorbitados aumentos de los precios de los arrendamientos, de forma urgente”, sostuvo la parlamentaria de NC-BC.
Un planteamiento que expondrá mañana martes en el pleno, porque la declaración de zona tensionada, aseguró Hernández, “ya está dando resultados positivos” en Catalunya. También destacó el éxito en Euskadi del Programa Canario de Alquiler Seguro, que pone en el mercado una parte de las residencias vacías, una medida que CC y el PP “despreciaron solo por ser” una iniciativa del grupo canarista.
Competencias
Desde Nueva Canarias-BC “no vamos a parar” hasta que el Ejecutivo de las dos derechas canarias adopte medidas “eficaces que, de verdad, den respuesta a la falta” de vivienda en las islas y “alivien a las familias y personas que viven asfixiadas”.
Para poner topes al arrendamiento, “Canarias tiene que usar” la ley estatal de vivienda, subrayó la portavoz canarista. El Gobierno tiene las competencias “plenas” en vivienda por el artículo 143 del Estatuto y, en base al artículo 18 de la ley estatal de vivienda, tiene la responsabilidad de declarar las zonas de mercado tensionado.
El pasado mes de septiembre, recordó la parlamentaria Hernández, el gabinete de Clavijo recibió un informe jurídico negativo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) sobre el protocolo y el procedimiento “impuesto” por la consejería a los ayuntamientos para declarar las zonas tensionadas. Las alegaciones de las corporaciones de Las Palmas, Granadilla de Abona y Arico van en la misma dirección.
“No vale”, tal y como denunció, que el Ejecutivo delegue en los ayuntamientos la responsabilidad jurídica y técnica de armar el expediente. Este trabajo, tal y como señaló, corresponde al Gobierno, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y de la empresa pública Visocan. Además, indicó Hernández, las administraciones municipales “carecen de la capacidad necesaria” para elaborar los citados expedientes.
Desde el gabinete de Clavijo “no se ha querido trabajar de la mano de los municipios” y “tampoco se está cumpliendo otro artículo del Estatuto, el 22, sobre el derecho de los canarios y canarias a una vivienda digna”, recriminó la portavoz canarista. “No están defendiendo su función social ni evitan la especulación”, agregó.
A modo de ejemplo, afirmó que Granadilla de Abona y Las Palmas de Gran Canaria ya han sido declarados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como municipios tensionados. Sin embargo, el Ejecutivo canario obliga, como también a Mazo, a iniciar el expediente justificativo de la petición de sus corporaciones para obtener la citada declaración, rechazó Hernández.
