Maltrato animal en la perrera de La Pared: 207 perros muertos o desaparecidos, y fosas comunes en Pájara
La justicia ha puesto fin, ocho años después, a uno de los episodios más oscuros en la gestión pública de animales en Fuerteventura.
Pía Peñagarikano
9 de octubre de 2025 a las 15:57
El Juzgado ha dictado condena contra tres responsables de la perrera de La Pared, donde entre 2016 y 2017 se produjeron graves negligencias que derivaron en la muerte o desaparición de más de 200 perros. Los hechos se remontan a los años en que la gestión del centro recaía en la Mancomunidad Centro-Sur y el Ayuntamiento de Pájara.
El caso se abrió tras una inspección del SEPRONA, realizada el 16 de octubre de 2017, en la que los agentes hallaron “a un Rottweiler fallecido entre excrementos con sangre”. Aquella imagen fue el detonante de una investigación judicial que, años después, acreditó la actuación negligente de las responsables de la custodia de los animales: la concejala de Pájara María Ángeles A.P., la gerente de la Mancomunidad Sara P.S. y la veterinaria Yoenia M.G.
Según la resolución, las tres “realizaron sus funciones de forma negligente, permitiendo que se sacrificara sin motivo a un ingente número de perros y se perdiera el control de otros tantos”. En total, se documentó la muerte o desaparición de unos 207 canes.
Fosas comunes alrededor de la perrera
La investigación también acreditó que los animales muertos se arrojaban “en fosas comunes abiertas por el Ayuntamiento alrededor de la instalación de la perrera”, sin control sanitario ni supervisión medioambiental.
Durante ese tiempo, las protectoras de animales de Fuerteventura desempeñaron un papel esencial, según destacó la abogada Maite Bautista, de la asociación Abogados Pro-Defensa de los Animales de Canarias (PROTA), que ejerce la acusación popular.
“Adoptaban todos los animales que podían, a veces hasta de 30 en 30, debiendo pagar la tasa por la adopción, así como el coste del chip y de la vacuna”, relató Bautista. En muchos casos, los perros eran trasladados a clínicas veterinarias externas “para ser hospitalizados o para facilitarles una muerte digna mediante la eutanasia”.
El texto judicial califica las pruebas aportadas por los veterinarios como “irrefutables y estremecedoras” y recoge otros episodios en los que las condenadas impidieron a las voluntarias de las protectoras sacar a los animales enfermos o lesionados, lo que provocó su fallecimiento.
Penas reducidas por dilaciones y reparación del daño
La abogada de PROTA explicó que la acusación popular solicitó inicialmente el máximo previsto en el Código Penal: 18 meses de prisión e inhabilitación de cuatro años para la tenencia de animales.
Sin embargo, la sentencia tuvo en cuenta dos atenuantes: las dilaciones indebidas —el juicio se ha prolongado casi ocho años— y la reparación del daño, dado que posteriormente se implementaron mejoras materiales y de personal en el centro.
El documento judicial reconoce que el centro “actualmente funciona excelentemente”, permitiendo la salida de los perros enfermos y el acceso de las protectoras durante los fines de semana.
Finalmente, el Ministerio Fiscal solicitó seis meses de prisión y dos años de inhabilitación, mientras que la acusación popular pidió nueve meses y dos años y medio de inhabilitación. Ambas penas fueron aceptadas por las tres acusadas, que no ingresarán en prisión.
Además, fueron condenadas por un delito contra el medio ambiente por la apertura de fosas comunes sin control, con tres meses de prisión y una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios.
“Nunca se obtendrán condenas ejemplares”
Aunque la sentencia supone un hito judicial en Fuerteventura, la abogada de PROTA expresó su decepción por la escasa respuesta penal.
“Mientras el Código Penal no conlleve sanciones a nivel de otros países europeos, como cinco años de prisión, nunca se obtendrán condenas ejemplares que impidan que los maltratadores de animales sigan actuando”, afirmó Bautista.
El caso de la perrera de La Pared vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la legislación sobre maltrato animal y garantizar la protección efectiva de los animales bajo custodia pública.