La posible privatización de los informativos de RTVC desata una crisis que NC-BC tilda de “sin precedentes”

Hernández expresó su “profunda preocupación y máxima alerta institucional” ante la renuncia de la administradora única de RTVC, María Méndez, que llega después de la dimisión del jefe de Informativos, Paco Luis Quintana, vinculada al nombramiento del nuevo director de Medios y Contenidos, César Toledo, y a los obstáculos que, según se apunta, habrían condicionado el ejercicio de su labor profesional. A esta cadena de renuncias se suma también la del director de Operaciones, Óscar Fernández, mientras la plantilla mantiene movilizaciones y protestas internas por el proyecto del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, que abre la puerta a privatizar los informativos dentro de la nueva ley de comunicación audiovisual.

Para la parlamentaria canarista, la situación “ha desbordado todos los límites razonables de normalidad institucional” y “no es un hecho aislado, sino el síntoma de un deterioro progresivo” en la estructura de gobernanza del ente público. En su opinión, RTVC tiene la obligación de garantizar neutralidad, pluralismo, profesionalidad y un escrupuloso respeto a la autonomía editorial, elementos que, como advirtió, “hoy están objetivamente cuestionados”.

Uno de los puntos más sensibles que señala NC-BC es el proyecto de ley de comunicación audiovisual impulsado por el Ejecutivo de coalición, que contempla la posibilidad de externalizar los informativos. De hacerse efectiva, sostuvo Hernández, esta decisión “alteraría la esencia del servicio público y abriría la puerta a una pérdida de garantías democráticas”. La información financiada con recursos públicos, insistió, debe estar bajo parámetros de control profesional y “no sometida a dinámicas propias del mercado ni a posibles injerencias políticas”.

En esta línea, la diputada remarcó que cualquier cambio legislativo que afecte a los informativos “debe ser analizada con rigor, transparencia y consenso, no impuesta de forma precipitada ni sin escuchar a la plantilla”. Recordó, además, que los trabajadores llevan semanas advirtiendo sobre los riesgos de privatizar un área considerada “troncal” para el ejercicio del derecho a la información.

Hernández subrayó que las renuncias de Méndez, del director de Operaciones y del jefe de Informativos —este último alegando en su carta dificultades para ejercer con plena independencia— “refuerzan la necesidad de esclarecer si se están produciendo presiones, interferencias o decisiones que puedan comprometer la autonomía informativa”.

Sobre la creación de nuevas figuras directivas, como la del director general de Medios y Contenidos, la diputada advirtió de que cualquier reconfiguración del organigrama debe estar orientada a “mejorar la calidad informativa, nunca a generar estructuras paralelas que puedan interpretarse como mecanismos de control político”. En este sentido, alertó de que la nueva estructura podría diluir el peso específico de los informativos, situándolos al mismo nivel que otros contenidos o formatos, algo que el propio Quintana denunció en su carta de dimisión.

La parlamentaria recordó que RTVC cumple una función esencial en una comunidad archipielágica, fragmentada territorialmente, con una audiencia que sigue de forma mayoritaria la televisión pública. Por ello, afirmó que “cualquier crisis en su seno afecta de manera directa al derecho de la ciudadanía canaria a recibir información veraz, plural y de calidad”. También evocó episodios pasados en los que grupos parlamentarios de la oposición denunciaron haber sido “invisibilizados o silenciados” en la cobertura informativa, reclamando que es “imprescindible cerrar definitivamente la puerta a cualquier sombra de sospecha y reforzar todos los mecanismos de control democrático”.

Como respuesta política inmediata, Hernández anunció que en los próximos días mantendrá una reunión con el comité de representación de la plantilla de RTVC para analizar la situación y recoger de primera mano sus inquietudes. A partir de ese encuentro, NC-BC definirá las iniciativas que llevará al Parlamento, entre ellas la petición de aclarar las causas de la inestabilidad, los criterios para la creación de nuevos cargos directivos, el impacto potencial de una privatización de los informativos, la necesidad de blindar la independencia editorial y la revisión o retirada de las disposiciones del proyecto de ley que afecten al área informativa.

La diputada fue tajante al afirmar que las instituciones “no pueden permanecer impasibles ante una crisis de esta envergadura”. En esta línea, sostuvo que el Gobierno de Fernando Clavijo tiene la responsabilidad “política y ética de explicar con detalle qué está ocurriendo, cuáles son sus intenciones reales y cómo piensa garantizar que RTVC siga siendo un instrumento al servicio de la ciudadanía y no de ningún interés partidista”.