Natalia Santana alerta: 60% de la juventud canaria ha sufrido problemas de salud mental, «el doble que antes de la pandemia»
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista lleva al pleno una proposición no de ley para reforzar la prevención, el acompañamiento emocional y la financiación estable destinada a combatir el aumento de los trastornos mentales, las adicciones y la soledad no deseada entre los jóvenes del Archipiélago.
María C.
8 de mayo de 2026 a las 13:53
Una crisis silenciosa que afecta a más de la mitad de la juventud canaria
La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana defenderá en el pleno del Parlamento de Canarias una iniciativa para incrementar las políticas públicas destinadas a reforzar la salud mental y el bienestar emocional de la juventud del Archipiélago. La proposición no de ley, presentada el 8 de mayo de 2026, propone un conjunto de medidas de prevención, acompañamiento y financiación estable para hacer frente a lo que la diputada describe como un desafío social de primer orden.
Los datos que sustenta la iniciativa son contundentes. Según Santana, cerca del 60% de la juventud canaria ha sufrido problemas relacionados con la salud mental, una cifra que duplica los registros previos a la pandemia de la COVID-19. Más preocupante aún resulta que un 13% de los jóvenes reconoce haber tenido pensamientos suicidas. En este contexto, Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor tasa de suicidios del Estado, con 12 fallecidos por cada 100.000 habitantes, una estadística que la diputada nacionalista considera inaceptable y urgente de abordar.
Estigma, desigualdad territorial y barreras económicas, obstáculos para pedir ayuda
La proposición no de ley expone una realidad que, en palabras de la propia Santana, «ya no puede considerarse secundaria», sino un problema estructural que afecta directamente a la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el futuro del Archipiélago. La diputada alertó del aumento del acoso escolar, las autolesiones, la ideación suicida y las problemáticas derivadas del uso inadecuado de la tecnología y las redes sociales, a las que se suman las adicciones comportamentales y compulsivas —como el juego, las compras o el abuso de internet— y la soledad no deseada, que afecta de forma habitual a una parte importante de la población joven.
Uno de los aspectos más críticos que señala la iniciativa es que muchos jóvenes no llegan a los recursos existentes o lo hacen demasiado tarde. Las razones son diversas: el miedo, la estigmatización, la falta de información, las dificultades económicas y las desigualdades territoriales entre islas actúan como barreras que impiden un acceso temprano al apoyo psicológico y emocional. Por ello, Santana defiende que no basta con reforzar los servicios especializados ya existentes, sino que es imprescindible actuar desde la prevención y el acompañamiento temprano.
Medidas concretas: herramientas de orientación, financiación a los cabildos y coordinación institucional
La proposición no de ley insta al Gobierno de Canarias a impulsar, de manera inmediata y desde el área de Juventud, una herramienta específica de orientación, prevención y acompañamiento emocional con supervisión profesional especializada, complementaria a los recursos ya existentes. Esta medida busca cubrir el vacío que actualmente deja sin atención a miles de jóvenes que no encuentran un punto de entrada accesible al sistema.
Asimismo, la iniciativa reclama financiación estable para los cabildos insulares con el objetivo de desarrollar programas de prevención y acompañamiento en todas las islas, incorporando medidas de alfabetización emocional, uso responsable de la tecnología y creación de espacios seguros tanto presenciales como digitales. La propuesta también contempla el desarrollo de campañas específicas para combatir el estigma asociado a la salud mental y eliminar las barreras económicas, territoriales e informativas que dificultan el acceso al apoyo psicológico.
Por último, la proposición establece que el Ejecutivo canario deberá informar al Parlamento en un plazo máximo de 12 meses sobre el grado de ejecución, el desarrollo presupuestario y los resultados iniciales de las medidas adoptadas, garantizando así el control parlamentario sobre una política pública que la diputada de NC-BC considera prioritaria para el futuro de Canarias. La coordinación entre todas las administraciones públicas implicadas —autonómica, insular y local— se plantea como condición indispensable para que las medidas tengan un impacto real y equitativo en todo el territorio.
