La Guardia Civil ha detenido a 15 personas presuntamente implicadas en una compleja red de ciberestafas que habría conseguido defraudar más de 1,6 millones de euros a víctimas de toda España, incluidas personas residentes en Canarias. La operación, dirigida desde Cáceres, ha permitido esclarecer 56 delitos cometidos en 18 provincias, entre ellas Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
El caso se remonta a 2023, cuando una mujer denunció en Cáceres haber sido víctima de una estafa amorosa por parte de un supuesto militar estadounidense. Durante casi dos años, mantuvo una relación virtual en la que llegó a transferirle más de 100.000 euros, creyendo que existía un vínculo sentimental real.
Esta denuncia fue el punto de partida de una investigación en la que el Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil en Cáceres descubrió una trama mucho más amplia. El grupo empleaba técnicas de ciberataque como el denominado “man in the middle”, con el que interceptaban correos entre empresas para desviar pagos legítimos a sus propias cuentas.
Paralelamente, usaban identidades robadas para acceder a cuentas bancarias o solicitar préstamos a nombre de sus víctimas. En muchos casos, las personas estafadas no eran conscientes de que estaban siendo utilizadas, ni las empresas, que creían estar realizando pagos correctos. En el caso de los engaños sentimentales, algunas víctimas aún están pagando los préstamos que entregaron a los estafadores, en un reflejo del nivel de manipulación emocional que alcanzaban los delincuentes.
Uno de los fraudes más cuantiosos identificados fue el de una víctima que perdió 117.200 euros. La investigación señala que los responsables actuaron desde localidades como Madrid, Barcelona, Cuenca, Lugo, Sevilla, Cádiz, Murcia, Castellón, Teruel, La Rioja, Álava, Pontevedra, Alicante, Valencia y Valladolid, además de las dos provincias canarias.
Los agentes realizaron 15 registros domiciliarios en distintas localidades, como Valencia capital, Burjassot, Paiporta, Milladoiro (A Coruña), Zaragoza, Getafe, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Barcelona y Cornellá de Llobregat. La red se caracterizaba por cambiar constantemente de domicilio para dificultar su rastreo.
Los detenidos están acusados de delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Uno de ellos tenía antecedentes por estafas y múltiples requisitorias judiciales en vigor.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres ha decretado prisión provisional para 11 de los arrestados, mientras que los cuatro restantes deberán entregar su pasaporte y comparecer semanalmente ante la autoridad judicial.
