La defensa del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único de los doce imputados en el “caso Mediador” que se encuentran en prisión preventiva, ha solicitado de nuevo al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife su puesta en libertad, por entender que es un “cadáver social” sin capacidad alguna para destruir pruebas.
En el escrito dirigido al Juzgado al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Espinosa ha vuelto a reclamar la libertad para su cliente tras haberse suspendido las declaraciones de los dos testigos que estaban citados el próximo 31 de marzo.
Estos eran una mujer a la que en la causa los informes policiales se refieren como amante de Espinosa y el piloto de rallies Luis Monzón, a través de los cuales los implicados en la trama pretendían, supuestamente, ganar influencia con dos importantes empresarios de Gran Canaria a los que querían vender placas solares, los propietarios del grupo hotelero Lopesan y la UD Las Palmas.
En su escrito, letrado expone que esta suspensión de las declaraciones de los testigos supone un retraso en la instrucción que no ha sido causada por su cliente, pero le perjudica.
Además, alega que la instrucción se está alargando en el tiempo, más de lo deseado y de “lo procesalmente procedente”, y que los indicios que constan en autos contra su cliente no suponen, a su juicio, “un eventual comisión de delitos especialmente graves ni en cuanto a su transcendencia, ni en cuanto a su cuantía”.
El general Espinosa fue detenido el 14 de febrero con cargos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal, acusado de ser uno de los cabecillas de una trama que supuestamente cobraba sobornos a empresarios para mediar a su favor en contratos o ayudas públicas o evitar inspecciones y sanciones. Al enviarlo a prisión, la juez citó un cuarto delito: blanqueo de capitales.
Su defensa argumenta asimismo que ha sido “plenamente colaborador” durante la instrucción de la causa, tanto al declarar ante la juez y como en los registros practicados por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
Cuestiona además si el general Espinosa “es el único” de los imputados que “tiene alguna capacidad de manipular pruebas”, si debe sufrir las consecuencias del retraso en la práctica de las diligencias y si es justo que siga en prisión mientras “otros sujetos involucrados aprovechan y se sirven de este procedimiento para conseguir ‘notoriedad'”.
Así mismo, el letrado se pregunta si su cliente tiene alguna capacidad para alterar o destruir pruebas, cuando “lleva jubilado desde hace más de dos” y ha sido “objeto de exposición y escarnio público en una gran cantidad de medios de comunicación”.
“¿Qué capacidad puede tener en nada y en nadie?”, argumenta el abogado, quien señala que es “más que evidente que el señor Espinosa es un ‘cadáver social’ con una nula capacidad para relacionarse con nadie y mucho menos con posibilidad de incidir en forma alguna en ningún tipo de prueba que pueda practicarse en el procedimiento”. EFE
