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La Comisión Europea admite a trámite la denuncia de ASCAV contra el Gobierno de Canarias

La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) contra el Gobierno de Canarias, en la que se argumenta que la tramitación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda vulnera la normativa comunitaria.

Redacción Radio Insular

Redacción Radio Insular

12 de febrero de 2025 a las 16:21

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ASCAV sostiene que el Ejecutivo autonómico ha incumplido el artículo 15.7 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece que cualquier nueva disposición que limite o restrinja la libre prestación de servicios debe ser notificada previamente a la Comisión Europea. Según la asociación, el Gobierno de Canarias omitió esta notificación obligatoria, a pesar de que la Consejería de Hacienda y Relaciones con la UE advirtió sobre esta exigencia durante la tramitación del anteproyecto de ley. Sin embargo, la Consejería de Turismo hizo caso omiso a esta advertencia, lo que ASCAV considera una vulneración grave de la normativa de la Unión Europea.

La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda ha generado una fuerte controversia en el sector del alquiler vacacional en Canarias. Propietarios y empresarios han expresado su preocupación por el impacto que esta normativa podría tener en la actividad, alegando que introduce restricciones que afectan la competitividad y la viabilidad del sector. La falta de comunicación previa a la Comisión Europea refuerza los argumentos de quienes consideran que el marco legal propuesto no se ajusta a la normativa comunitaria y podría ser anulado o modificado.

La admisión a trámite de la denuncia por parte de la Comisión Europea abre la puerta a un proceso de revisión que podría derivar en sanciones o en la obligación de modificar la normativa canaria si se confirma la vulneración de la directiva europea. ASCAV espera que esta decisión sirva para corregir lo que considera una actuación irregular del Ejecutivo autonómico y evitar restricciones innecesarias al alquiler vacacional en el archipiélago.

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