La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado la absolución del Grupo Ganaderos de Fuerteventura y su administrador, Esteban Alberto, en un juicio que investigaba un supuesto delito medioambiental. La resolución, emitida el pasado 4 de diciembre, ratifica la sentencia de Primera Instancia dictada por la magistrada Alicia Buendía, quien concluyó que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal.
El fallo establece que no se ha acreditado la existencia de vertidos al mar procedentes de la fábrica de quesos del Grupo Ganaderos de Fuerteventura, ubicada en los Llanos de la Higuera, Tuineje. Asimismo, se descarta que haya habido vertidos de aguas o lactosuero al barranco de Gran Tarajal o que las operaciones de la fábrica representaran un peligro para la salud pública o el medio ambiente. Según la sentencia, todas las actividades de la empresa se llevaron a cabo conforme a las autorizaciones administrativas requeridas.
Críticas a las pruebas y la ética procesal
En su fallo, la Audiencia Provincial dirige críticas severas al Consejo Insular de Aguas (CIA) de Fuerteventura. El tribunal señala que las pruebas presentadas por su perito se basaron en suposiciones y carecían de análisis concluyentes. “El perito […] decide por sí mismo que la tubería carece de autorización […] pese a no haber realizado inspecciones completas ni contar con análisis fiables,” señala la sentencia.
Además, los magistrados cuestionan la actuación del Ministerio Fiscal, acusándolo de omitir partes clave de las sentencias utilizadas en su recurso, lo que califican como una conducta contraria a la ética procesal. Este recurso solicitaba prisión para el administrador de la empresa y una multa de 181.500 euros, demandas que finalmente han sido desestimadas.
Diez años de perjuicio para los acusados
El proceso judicial, iniciado en 2014, se prolongó durante una década, obligando al Grupo Ganaderos de Fuerteventura a asumir un aval bancario que impactó significativamente en su estabilidad económica. A pesar de que el primer representante del Ministerio Fiscal sugirió el archivo del caso, este se mantuvo abierto, generando daños económicos y morales que no serán indemnizados.
La sentencia pone fin a un procedimiento que, según el tribunal, estuvo plagado de irregularidades en las pruebas presentadas y falta de rigor en la investigación. “La sentencia de instancia supera positivamente el juicio externo de control que se hace en esta alzada acerca de la razonabilidad y alcance de la apreciación probatoria en que se sustenta la absolución,” añade la resolución judicial.
Con esta decisión definitiva, que no admite recurso de casación, el Grupo Ganaderos de Fuerteventura y su administrador quedan exonerados de todas las acusaciones. Este caso refuerza la necesidad de garantizar investigaciones más rigurosas y objetivas en casos de impacto medioambiental.
