Jessica de León sufre amenazas tras la aprobación de la Ley de Alquiler Vacacional en Canarias
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha sido objeto de amenazas y ataques contra su vivienda y su vehículo tras la aprobación de la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida como Ley de Alquiler Vacacional. Los hechos se producen en un momento de máxima tensión social y política en torno a una regulación que reordena de forma profunda el mapa del alquiler turístico en el archipiélago.
Redacción Radio Insular
3 de diciembre de 2025 a las 15:18
La situación fue desvelada este miércoles por el vicepresidente canario y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en una entrevista en radio, donde lamentó tener que hacer pública una circunstancia que la propia consejera prefería mantener en discreción. “Sé que no le gusta que ésto lo cuente pero tengo que denunciarlo”, afirmó, antes de subrayar que la Policía está al corriente de los hechos y ha intervenido ante la reiteración de los episodios. “No ha sido un caso aislado”, advirtió.
Domínguez incidió en la gravedad de los mensajes recibidos, que incluyeron amenazas de muerte dirigidas tanto a De León como al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. “Y esto es lo que hemos recibido, pero, ¿por qué? Porque el egoísmo, el personalismo y el ‘qué hay de lo mío’ es lo que ha prevalecido en situaciones como esta”, señaló el también presidente regional del Partido Popular.
El vicepresidente defendió que, pese a las discrepancias políticas y al impacto social que ha generado la ley, la voluntad del Gobierno siempre ha sido “ayudar” a la ciudadanía y “reorganizar” la principal actividad económica del archipiélago: el turismo. A su juicio, los ataques personales suponen “un límite que no debe cruzarse bajo ningún concepto”.
Una ley polémica aprobada sin consenso
El Parlamento de Canarias aprobó la nueva ley el pasado 12 de noviembre, con el rechazo de PSOE, NC-bc y Vox, cuyos grupos también vetaron el debate de 24 enmiendas presentadas ‘in voce’ por el cuatripartito —CC, PP, ASG y AHI— durante la fase final de tramitación.
La consejera Jéssica de León reconoció entonces las dificultades de su desarrollo: “Ha sido una norma difícil de interiorizar, difícil de explicar, y difícil de gestionar”, apuntó, agradeciendo el respaldo de las formaciones que sostienen al Gobierno y que, según dijo, han actuado “al servicio del interés general y de no ser rehén del tacticismo político”.
La normativa introduce profundos cambios en la gestión del alquiler vacacional. Entre sus principales medidas figuran:
- Moratoria de cinco años para crear nuevas viviendas vacacionales, hasta que cada ayuntamiento disponga de un planeamiento específico que habilite estas actividades.
- Límites proporcionales: solo el 10% del parque podrá destinarse a uso turístico, mientras el 90% restante deberá ser residencial.
- Prohibición del uso turístico en Viviendas de Protección Oficial (VPO).
- Fin de los pseudohoteles, es decir, edificios formados íntegramente por viviendas vacacionales en manos de grandes tenedores.
- Las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso vacacional hasta transcurridos diez años desde su construcción.
- Los ayuntamientos disponen de seis meses para poner en marcha un plan de inspección.
El Gobierno subraya que la regulación responde a un desajuste creciente: solo el 44,6% de las viviendas vacacionales pertenecen a personas físicas, mientras que más del 55% están gestionadas por entidades o propietarios extranjeros. El objetivo, remarcan, es proteger el acceso a la vivienda y preservar la convivencia en los núcleos residenciales.
Mientras continúa el debate sobre el impacto real de la norma, el Ejecutivo pide rebajar la crispación y evitar que el enfrentamiento político derive en ataques personales. Las investigaciones policiales sobre las amenazas permanecen abiertas.
