Fuerteventura atraviesa una situación crítica en materia de seguridad ciudadana. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, la isla registró un incremento del 19,6% en las infracciones penales durante el primer trimestre de 2025, pasando de 1.744 a 2.085 delitos. Mientras el resto del archipiélago experimentaba una ligera disminución de la criminalidad, Fuerteventura se posiciona como la isla con mayor repunte, especialmente en zonas turísticas.
Los municipios de La Oliva y Pájara lideran el aumento, con un crecimiento del 37,8% y 40,6% en delitos, respectivamente. Los hurtos han sido el tipo delictivo con mayor incremento absoluto: 693 casos registrados en tres meses, un 55,7% más que en el mismo periodo del año anterior.
Otros delitos preocupantes son los relacionados con la libertad sexual, que aumentaron un 28,6% solo en el primer trimestre, con 27 casos notificados. En 2024, las agresiones sexuales con penetración se triplicaron respecto al año anterior. También se documentaron dos homicidios consumados en la isla, donde no se había registrado ninguno en 2023.
El tráfico de drogas ha crecido un 21,4% y las operaciones policiales han puesto el foco en redes criminales internacionales que utilizan narcolanchas para trasladar cocaína desde Sudamérica. Fuerteventura figura entre los puntos de tránsito de estas redes, y en 2025 ya se han producido al menos 48 detenciones relacionadas con esta actividad.
Este aumento de la delincuencia se produce en un contexto de grave déficit de efectivos policiales. Fuerteventura cuenta con 256 guardias civiles, al menos 100 menos que los necesarios según los sindicatos. La Policía Nacional, presente solo en Puerto del Rosario, ha incorporado 21 nuevos agentes este año, aunque aún se estima una carencia de 30 más. Las policías locales operan con una merma del 35% en sus plantillas, destacando casos como Puerto del Rosario, con 49 agentes y 8 vacantes sin cubrir.
Ante esta realidad, las instituciones han reaccionado con medidas de refuerzo. El Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos firmaron en febrero un Pacto por la Seguridad, centrado en mejorar la coordinación policial. Además, 12 efectivos de la Policía Canaria patrullan temporalmente la isla, incluyendo una unidad canina, mientras se habilitan nuevas infraestructuras de atención a víctimas, como el centro 24h para mujeres que han sufrido violencia sexual, activo desde mayo.
En el ámbito local, los ayuntamientos han multiplicado las inversiones en seguridad. La Oliva pasó de 50.000 a 460.000 euros anuales, con incorporación de drones, cámaras de videovigilancia, una unidad canina y recuperación de patrullas medioambientales. Pájara ha instalado 43 cámaras en Morro Jable, y Puerto del Rosario ha dotado a su Policía Local con nuevos dispositivos TETRA, móviles PDA y pistolas Taser con cámaras corporales.
El crecimiento de la población —especialmente extranjera— y el auge del turismo agravan el escenario. Fuerteventura cuenta hoy con casi un 40% de residentes no nacidos en la isla, lo que incrementa la demanda de servicios y la necesidad de una estrategia de seguridad adaptada.
La senadora majorera Paloma Hernández ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior que Fuerteventura sea priorizada en la nueva oferta pública de empleo de la Guardia Civil, que incluye más de 3.100 plazas. La presión política, institucional y ciudadana continúa creciendo ante lo que muchos ya consideran una emergencia en materia de seguridad pública.
