La crisis de la vivienda en Canarias ha alcanzado niveles estructurales alarmantes, y Fuerteventura se sitúa entre las zonas más afectadas del archipiélago. Con precios de venta y alquiler que superan incluso los de la burbuja inmobiliaria de 2007, la población residente se enfrenta a un panorama cada vez más excluyente, marcado por la turistificación, la especulación y la falta de respuestas estructurales.
El precio del metro cuadrado ha superado en Canarias los 1.965 euros, mientras que en municipios como La Oliva asciende ya a 3.155 euros, lo que sitúa una vivienda estándar de 80 metros cuadrados en torno a los 225.000 euros. Paralelamente, el alquiler medio en Corralejo no baja de los 1.500 euros, frente a unos ingresos medios que, en muchos casos, no alcanzan los 1.000 euros mensuales.
La presión turística ha convertido la vivienda en un bien especulativo. En zonas como La Oliva, más del 40% de las viviendas están destinadas al alquiler vacacional, lo que reduce drásticamente la oferta para residentes. En el último año, más de 15.000 viviendas habrían pasado del uso residencial al turístico. La rentabilidad de estas modalidades ha llevado a muchos propietarios a abandonar el mercado de alquiler de larga duración, dejando a la población local sin opciones viables.
Las consecuencias sociales son directas: una media de cinco desahucios diarios en Canarias, el 90% de ellos por impago de alquiler. Historias como la de Zeltia, desahuciada en Corralejo a pesar de su situación de vulnerabilidad acreditada por servicios sociales, ponen rostro a una situación insostenible. “Ni siquiera quienes trabajan pueden pagar una vivienda”, denuncian los colectivos afectados.
La salud mental también sufre el impacto. La imposibilidad de acceder a una vivienda digna, la convivencia forzada con el turismo masivo y la incertidumbre constante generan estrés, insomnio y cuadros de ansiedad. Solo el 12,8% de los jóvenes canarios logra emanciparse, y generalmente lo hace después de los 30 años.
A esta situación se suma la concentración de la propiedad: más del 8% de las viviendas están en manos de grandes tenedores, como fondos de inversión que han aprovechado vacíos legales y financiación pública, vía RIC, para especular con el derecho a la vivienda.
Ante este panorama, la respuesta institucional ha sido calificada de insuficiente. El plan del Gobierno de Canarias para construir 1.000 viviendas en 2024 ha sido criticado como simbólico. Las ayudas a la compra para jóvenes, dotadas con 3 millones de euros, resultan anecdóticas frente a una demanda real de 150.000 viviendas.
En contraste, la ciudadanía ha comenzado a movilizarse. El 5 de abril de 2025, cientos de personas protestaron en Fuerteventura bajo el lema “Vivienda digna para todas ya”, denunciando que “no es una crisis, es una estafa”. Las demandas son claras: expropiación de viviendas vacías, regulación efectiva del alquiler vacacional, limitación de los fondos buitre y más vivienda pública.
Mientras tanto, la isla sigue perdiendo población local. Jóvenes, familias trabajadoras y mayores se ven obligados a abandonar sus hogares, lo que amenaza con vaciar los municipios y convertir Fuerteventura en un espacio solo para visitantes.
