Alquilar un piso de dos habitaciones en Corralejo cuesta entre 1.000 euros y 1.200 euros al mes. Un poco menos, unos 800 euros, cuesta un piso similar en Puerto del Rosario y en Antigua puede rondar los 600 euros, aunque en las localidades turísticas un poco más. El precio se vuelve a disparar en el sur, en el municipio de Pájara. Y es que la subida de los precios afecta a, prácticamente, toda la geografía insular en una escalada incesante.
Así lo explicaba este miércoles, en una entrevista en La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, Gonzalo Sánchez Mendivil, propietario de la Inmobiliaria Mensay destacando que “las viviendas se venden como negocios”; y muy lucrativos, por cierto, ya que se destinan a alquiler turístico o a residencial aprovechando los desorbitados precios que marca el mercado.
También se ha disparado el precio de venta de los inmuebles situándose en unos 1.000 o 1.400 euros el metro cuadrado.
En este contexto, son numerosas las familias, sin una vivienda en propiedad, que viven en la incertidumbre o, en el caso de los más jóvenes, que deben postergar sine die su sueño de emancipación.
15 años sin construir vivienda
Sánchez hace hincapié en que falta vivienda en Fuerteventura, pública o privada, “ya que no se construye desde hace más de 15 años”. A esto, cabe añadir, la falta de crédito de las entidades bancarias a quienes no disponen del 20 % necesario para formalizar una hipoteca. Tampoco hay crédito para las empresas que quieren invertir en la creación de vivienda.
En este contexto, desde la plataforma SOS Fuerteventura Sostenible se plantea la necesidad de aprobar una declaración de `Emergencia habitacional´ para tratar de paliar en parte la grave situación.
La entidad, representada en la entrevista, por el arquitecto Luis del Pozo, Eduardo Vidarte, experto en medio ambiente y propietario de una vivienda vacacional, y Óscar Hernández, integrante de la plataforma, explica que instarán a la corporación a tomar esta medida “a través del proceso de Participación Ciudadana, en la próxima sesión plenaria”.
Entre las propuestas que plantea, destaca la puesta en marcha de una Oficina Técnica Insular y una Oficina Insular de Planificación. Además, buscan la implicación más efectiva de los ayuntamientos en los desarrollos urbanísticos, habilitando oficinas municipales de vivienda. En la actualidad, critican, “están tardando entre dos y tres años en contestar a una solicitud de obra”, por lo que es preciso, insisten, más agilidad.
Además, apuntan la posibilidad de definir zonas tensionadas donde limitar los precios u otras fórmulas dirigidas a crear vivienda, tanto pública como privada, proponiendo alternativas como la constitución de cooperativas, muy habituales en zonas como el País Vasco, que permiten establecer los precios y, también, asegurar que las viviendas acaben en manos de personas residentes.
Crece la tensión por la `okupación ilegal´
Desde la plataforma SOS Fuerteventura Sostenible se aplaude la iniciativa del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por la apertura de expedientes que pueden desembocar en sanciones para entidades como la SAREB que no se preocupa de la seguridad, ni de la salubridad de los inmuebles; en este caso, ubicados en la zona de Playa Blanca.
Es preciso empezar a ejercer presión sobre ellos, advertía el vecino de la zona Luis del Pozo, porque “hay una tensión creciente por la okupación ilegal de viviendas”.
A su juicio, según manifestó, el perfil del okupa “responde en muy pocos casos a una verdadera necesidad. Son oportunistas que se aprovechan de la laxitud por parte de los gestores y de la falta de seguridad jurídica”.
