En libertad el general Espinosa, investigado en el caso Mediador

Calama, que ejerce de juez de garantías en esta parte de la investigación, ha atendido a la petición del general, a la que se había opuesto el Ministerio Fiscal, al considerar que el riesgo de fuga es muy bajo y que en este momento no existe riesgo de alteración o destrucción de pruebas.

Ahora bien, el magistrado le ha impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el país, y le advierte de que su incumplimiento podrá suponer la adopción de medidas más graves.

El general Espinosa era el único de los investigados del caso Mediador que fue a prisión provisional tras ser detenido el pasado 14 de febrero por delitos como cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal, acusado de ser uno de los cabecillas de una trama que supuestamente cobraba sobornos a empresarios para mediar a su favor en contratos o ayudas públicas o evitar inspecciones y sanciones.

Esta causa se investiga en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, si bien la Fiscalía Europea decidió asumir la parte que afecta a los contratos del GAR-SI Sahel, un programa de colaboración con las fuerzas de seguridad de varios países africanos que administraba una fundación pública española, pero se financiaba con fondos de la UE. Al frente de este programa estaba el general Espinosa.

El juez Calama, que fue designado juez de garantías de esa parte de la investigación y que tiene la competencia de resolver sobre la situación personal del investigado, recuerda que, aunque la Fiscalía también se opuso a la anterior petición de libertad del general, admitió que su deseo era que esa «situación excepcional» de prisión preventiva finalizase pronto.

El magistrado apunta en su auto que, «más allá de los hechos delictivos» que se imputan a Espinosa «en base a unos indicios muy sólidos», el riesgo de que huya del país es «muy bajo» debido al «fuerte arraigo» que tiene en España, tanto personal como económico, de modo que «no hay ningún elemento o indicio que alerte sobre su posible fuga al extranjero”.

Y tampoco ve que haya riesgo de que el investigado destruya pruebas al haber estado en prisión «tiempo suficiente para que los investigadores hayan podido asegurar convenientemente esas aludidas fuentes de prueba». EFE