El Supremo confirma condena a un asesor de la empresa pública de aguas de La Oliva
Redacción Radio Insular
18 de abril de 2025 a las 14:10
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de seis meses de prisión a un asesor de la empresa municipal Suministro de Agua La Oliva por un delito de falsedad en documento mercantil con alteraciones que sumaban casi 631.000 euros y un millón en cuanto a pérdidas y ganancias.
El origen del caso fue una denuncia formulada en septiembre de 2016 por el entonces alcalde de La Oliva, Pedro Amador, que estaba en minoría, en la que hacía constar irregularidades en los balances de la empresa pública de 2015.
El primer edil alegó que se habían aprobado unas cuentas en el órgano de gestión de la compañía y se presentaron otras en el Registro Mercantil, tal y como se demostró luego en todos los ámbitos judiciales hasta llegar ahora al Supremo.
El condenado siempre sostuvo en su defensa que un pleno “aprobó que no había ninguna falsedad documental”, que el departamento de Intervención municipal “no formuló reparos” y que la Audiencia de Cuentas “tampoco” apreció “indicios de responsabilidad contable”.
Desde un primer momento la respuesta de los tribunales fue que un pleno carece de legitimidad y competencias para determinar lo que es o no legal.
El ya condenado en firme defendió sin suerte ante el Supremo que nunca se vieron afectados bienes de la empresa pública ni existen pronunciamientos sobre responsabilidades civiles y prueba de ello es que el Ayuntamiento nunca inició acción judicial alguna y que tampoco hubo voluntad de delinquir.
En las diferentes instancias judiciales, se ha concluido que una vez aprobadas las cuentas del ejercicio 2015 el procesado las alteró de forma consciente al presentarlas al Registro Mercantil, modificando algunas de las partidas contables de manera que ambas eran diferentes.
En su momento, cuando se inició la investigación judicial el entonces presidente de la entidad convocó una reunión del Consejo de Administración para reformular las cuentas falseadas.
Al principio del proceso judicial estuvieron imputados el propio presidente y secretario de la entidad pero luego se demostró que no había sido conscientes de la falsedad de los documentos.