El piloto David Amar de Juan, acusado de haber transportado en su avioneta 388 kilos de cocaína desde Suramérica a Fuerteventura en 2019, ha afirmado este martes ante la Audiencia de Las Palmas que ese vuelo y su detención responden a una “trampa” que le tendió la agencia especial antidroga de EEUU, la DEA, que “salió mal y nadie quiere investigar”.
En su declaración este martes, David Amar, conocido como “El Judío”, ha defendido ante el tribunal que cayó en un “delito provocado”, en el que también intervino un policía español, y que la droga no procedía de Brasil, sino del Surinam, y se cargó en el aeropuerto de Paramaribo y no en una selva de Brasil, como sostiene el fiscal antidroga de Las Palmas, Antonio Amor.
El acusado ha afirmado que la cantidad que transportó en su avioneta la supo después de que fuera hallada la cocaína en el aeropuerto de Fuerteventura, isla de la que huyó después de un primer registro policial en el que no se encontró nada tras aterrizar para repostar combustible el 26 de marzo de 2019, junto con el otro piloto ya condenado por estos hechos, Pablo María Lana, y Manuel L.V., quien sigue fugado.
Conforme a su versión, desde Fuerteventura iban a viajar a Casarrubios del Monte, en Toledo, donde debían recoger la droga las personas que le contrataron y que, según ha dicho, le adelantaron 20.000 euros por el trabajo, si bien la cantidad pactada para los tres era de 920.000 a repartir.
Según su testimonio, la operación del traslado de la droga se la propuso la primera vez un trabajador del aeropuerto de Paramaribo, que fue la persona que se encargó de cargar la cocaína en la avioneta el 24 de febrero de 2019, pero al que no se ha querido investigar, ni tampoco las conversaciones “encriptadas” que mantuvo por skype con los agentes de la DEA, desde que se le propuso la operación.
Fueron varias las reuniones que se celebraron en la Puerta de Atocha de Madrid y, aunque ya en la primera dijo que no quería participar, en la tercera aceptó porque tenía problemas económicos, ha indicado el piloto, quien ha precisado que quienes le propusieron el trabajo le dijeron que se desplazarían a Casarrubios del Monte para sacar la droga de la avioneta.
El piloto ha negado que desconectara el transpondedor de la avioneta para que no lo localizaran, como sostiene también el fiscal, pues es “imposible” desaparecer del radar tras los atentados del 11 de septiembre ocurridos en Estados Unidos, y ha hecho hincapié en que el plan de vuelo, que se encontraba en la cabina, no se ha aportado como prueba, pues ahí aparecía la salida desde Surinam, junto con todo el recorrido que efectuaron.
El segundo piloto de la avioneta, Pablo María Lana, ha declarado como testigo desde el centro penitenciario donde cumple condena en Madrid por estos mismos hechos, y ha alegado que en el acuerdo al que llegó con la Fiscalía para que le redujeran la pena a 9 años mintió y dijo que la droga se cargó en una selva de Brasil, cuando en realidad fue en Surinam, así como que el plan de vuelo se encontraba en la cabina de la avioneta.
Este testigo de la defensa, al ser preguntado por el letrado de David Amar sobre si en las reuniones que mantuvo su cliente figuraba algún policía, ha dicho que no lo recuerda pero que podía ser.
Según David Amar, incluso equipos de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional le dijeron que le iban a ayudar tras ser detenido con documentación falsa al salir de la embajada de México en Madrid.
Su abogado, Tomás Torre, ha solicitado su absolución por vulneración del derecho a la defensa de su cliente al rechazarse las pruebas solicitadas para demostrar el delito provocado del que se siente víctima su cliente, así como por la “ilicitud de la actuación policial”, y, en todo caso, ha pedido que se le condene por un delito de tentativa de tráfico de droga con la atenuante de colaboración con la justicia.
Si nada de ello prosperara, ha reclamado la misma condena impuesta Pablo María Lara, de nueve años de prisión, y no de 13 años y medio como solicita el fiscal, por entender que se incurriría en un “agravio comparativo” si se dictara una sentencia distinta al carecer de antecedentes”.
El fiscal antidroga de Las Palmas, Antonio Amor, no ha creído la versión de David Amar, porque más que un delito provocado, describe un supuesto de corrupción policial, y ha mantenido su petición de 13 años de prisión y medio de cárcel y dos multas que suman 65 millones de euros por el delito de tráfico de droga.
Los hechos que narra carecen de verosimilitud, a juicio del fiscal, que ha recordado que fue detenido con un documento falso y ha subrayado que las pruebas solicitadas por la defensa eran “inútiles e impertinentes”.
En su derecho a la última palabra, el acusado ha pedido perdón a su familia, a sus amigos porque se cargó su vida y su carrera, y ha dicho que el proceso en el que está inmerso es un “camino tortuoso”. EFE
