La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Cabildo Insular de Fuerteventura han denunciado públicamente que la Secretaría de Estado de Función Pública ha vulnerado el derecho fundamental de petición recogido en el artículo 29 de la Constitución Española, al no dar respuesta efectiva a una solicitud colectiva relacionada con el recorte de las pagas extraordinarias del personal público.
Según la nota de prensa emitida este miércoles, 18 de enero de 2026, el pasado 18 de diciembre de 2025 los representantes legales del personal del Cabildo formularon ante la Secretaría de Estado una petición colectiva formal, ejercitando expresamente el derecho de petición. En ella solicitaban un pronunciamiento institucional y la depuración normativa del Real Decreto-Ley 8/2010, que recortó las pagas extraordinarias de los empleados públicos durante la crisis económica de 2010.
Sin embargo, hasta la fecha, la Administración no ha dictado resolución alguna ni ha emitido un informe oficial sobre el fondo del asunto. En lugar de ello, se limitó a remitir un correo electrónico genérico, sin firma, sin motivación jurídica, sin decisión administrativa y sin indicación de los recursos procedentes, en el que se alegaba que la Secretaría de Estado “no asesora a particulares”.
Desde la representación del personal se subraya que esta actuación no cumple con las obligaciones constitucionales, recordando que el derecho de petición exige una respuesta expresa, motivada y material. En este sentido, citan la doctrina del Tribunal Constitucional al señalar que “responder sin responder equivale a no responder”.
La nota de prensa sostiene, además, que el Real Decreto-Ley 8/2010 es en la actualidad una norma excepcional sin causa habilitante, cuya vigencia habría quedado superada hace años por la propia Administración. Mantenerla sin un pronunciamiento claro sobre su aplicación actual, añaden, supone una situación de arbitrariedad normativa y una vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española.
Ante esta situación, los representantes del personal del Cabildo Insular de Fuerteventura exigen la derogación efectiva de los preceptos del RD-Ley 8/2010 que afectan a las pagas extraordinarias, la restitución de los derechos y de las cantidades que consideran indebidamente detraídas, y que la Administración cumpla de inmediato con su obligación de resolver, evitando el silencio administrativo y la evasión de responsabilidades.
En el comunicado concluyen que la negativa a resolver “no es una opción administrativa; es una infracción constitucional”, advirtiendo de que persistir en esta actitud, una vez puesta de manifiesto, constituye una decisión consciente por parte de la Administración.
La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Cabildo Insular de Fuerteventura acusan a la Secretaría de Estado de Función Pública de violar el derecho constitucional de petición al no responder a una solicitud relacionada con los recortes de las pagas extraordinarias del personal público. Piden la derogación de los preceptos del RD-Ley 8/2010 que afectan a las pagas extraordinarias y advierten que la falta de respuesta «no es una opción administrativa; es una infracción constitucional».
Es que trabajan tanto ….