El Ministerio de Vivienda reclama a Canarias y al resto de comunidades autónomas que actúen «ya» contra los pisos turísticos ilegales

El Ministerio señala a comunidades y ayuntamientos como responsables de la inacción

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado este miércoles un aviso directo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de todo el país, incluida Canarias, para que actúen de forma inmediata frente a las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales. Según fuentes del propio Ministerio, son precisamente estas administraciones las que ostentan las competencias en materia de inspección y clausura de este tipo de inmuebles, y hasta ahora, a juicio del Gobierno central, no están cumpliendo con su obligación.

La reclamación llega en un contexto de creciente presión social sobre el mercado del alquiler residencial, especialmente en territorios con alta concentración turística como el archipiélago canario. Desde el Ministerio advierten de que «el problema es que hay responsables políticos que han decidido mirar para otro lado», una crítica que apunta directamente a la gestión de las administraciones autonómicas y municipales en todo el territorio nacional.

El Registro Único del Alquiler, una herramienta con resultados pero sin respaldo ejecutivo

Desde su entrada en vigor, el Registro Único del Alquiler ha permitido identificar 109.000 contratos de alquiler ilegales, la mayoría de ellos correspondientes a viviendas de uso turístico. Sin embargo, el Ministerio subraya que la detección no basta si no va acompañada de una respuesta efectiva por parte de quienes tienen la potestad sancionadora: las comunidades autónomas y los consistorios.

Esta advertencia coincide con las denuncias formuladas este mismo miércoles por la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), que han alertado de que cerca del 75% de las viviendas turísticas anunciadas en Madrid carece del código de registro obligatorio. Ambas organizaciones vecinales consideran que el sistema de registro «no está funcionando» para frenar el fenómeno en las zonas más saturadas de la capital.

Madrid, el caso que más preocupa al Gobierno central

Aunque la reclamación tiene alcance nacional y afecta a territorios como Canarias, donde la presión turística sobre el parque residencial es especialmente intensa, el Ministerio ha señalado que «preocupa especialmente» la situación en la ciudad de Madrid. Según los datos que maneja el Gobierno, en la capital existen más de 15.000 pisos turísticos ilegales en activo, una cifra que consideran inaceptable.

Las fuentes ministeriales han sido especialmente contundentes al referirse a la situación madrileña, lamentando que no ven «ni al alcalde ni a la presidenta de la Comunidad hacer nada mientras se sigue expulsando a los madrileños de sus barrios». Una declaración que evidencia la tensión política entre el Ejecutivo central y las administraciones gobernadas por el Partido Popular en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Un problema estructural que afecta de lleno a Canarias

La exigencia del Ministerio llega en un momento especialmente delicado para Canarias, donde la proliferación de viviendas turísticas en zonas residenciales ha generado un intenso debate social y político sobre el acceso a la vivienda. El archipiélago acumula una de las tasas más elevadas del país en cuanto a presencia de alojamientos turísticos en el parque residencial, lo que ha disparado los precios del alquiler y ha dificultado el acceso a la vivienda para la población local.

Con esta reclamación, el Gobierno central deja claro que la responsabilidad de actuar recae sobre las administraciones con competencias directas en la materia, y que no está dispuesto a asumir el coste político de una inacción que, según sus propias palabras, está expulsando a los vecinos de sus propios barrios. La pelota queda, por tanto, en el tejado del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos del archipiélago.