El Gobierno y las notarías se alían para agilizar expropiaciones

Convenio de colaboración para la gestión territorial

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, firmó este martes un convenio de colaboración con el Consejo General del Notariado, representado por su presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el Colegio Notarial de las Islas Canarias, entre otros. El acuerdo tiene como objetivo mejorar la gestión pública en materia de expropiaciones en el Archipiélago.

El convenio permitirá a la Comisión de Valoraciones de Canarias acceder a información real, actualizada y anonimizada sobre operaciones inmobiliarias, procedente del Índice Único Informatizado Notarial. Esto ajustará la fijación del justiprecio a la realidad del mercado, reforzando la seguridad jurídica y agilizando los expedientes.

Impacto en la seguridad jurídica y eficiencia administrativa

Según el consejero Manuel Miranda, esta alianza representa un paso decisivo para modernizar la gestión pública y garantizar procesos más justos y transparentes. La incorporación de datos objetivos en la valoración de bienes expropiados permitirá reducir la incertidumbre en los expedientes y evitar discrepancias en la determinación de precios, uno de los principales focos de conflicto en los procedimientos expropiatorios.

El convenio no solo refuerza la seguridad jurídica para la Administración y la ciudadanía, sino que también contribuirá a agilizar la tramitación de los expedientes al disponer de criterios más claros y homogéneos. La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó que la base de este convenio son los datos contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial, lo que asegura que se trata de datos auténticos y actualizados.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias avanza en su objetivo de reforzar la confianza en lo público, garantizando procesos de expropiación más ágiles, transparentes y con mayores garantías para los ciudadanos. La firma del acuerdo no supone ningún coste económico para la Administración y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, en el marco de una apuesta por la colaboración institucional y el uso de la tecnología al servicio de una gestión pública más eficaz.