Los menores migrantes que arriben desde este lunes a Canarias, Ceuta y Melilla deberán ser derivados a otras comunidades autónomas en un plazo máximo de quince días. Así lo establece el nuevo mecanismo de solidaridad aprobado por el Gobierno, que convierte en obligatoria la acogida por parte de los territorios de destino.
La medida se suma a la reubicación progresiva de unos 3.000 menores que ya permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla, cuya tutela será asumida paulatinamente por otras comunidades en el plazo de un año. La decisión llega tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria en estos tres territorios, que actualmente triplican la ratio de acogida establecida en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes.
El Ministerio de Juventud e Infancia adoptó la medida el pasado 29 de agosto, a petición de los gobiernos de Canarias, Ceuta y Melilla. La cuestión será analizada mañana en una comisión interministerial presidida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al tratarse de una declaración que afecta a más de un territorio.
Durante la reunión también se abordará la petición anunciada por Baleares, que reclama la declaración de contingencia pese a no cumplir con el requisito de haber multiplicado por tres su capacidad de acogida. Según el decreto vigente, el archipiélago balear debería contar con 406 plazas, pero actualmente dispone de 72. A pesar de acoger ya a 680 menores, la cifra no alcanza el umbral exigido. El Ejecutivo autonómico se opone al reparto obligatorio y ha recurrido el sistema ante el Tribunal Constitucional y el Supremo, aunque busca igualmente que se le reconozca la situación de contingencia debido al aumento de llegadas.
El procedimiento de reubicación implica un análisis individualizado de cada caso por parte de las subdelegaciones del Gobierno de los territorios de origen. En este proceso pueden presentar alegaciones tanto el menor como la Fiscalía y la comunidad de destino, antes de que se resuelva su nueva ubicación. Una vez completado, la tutela recaerá en las comunidades receptoras.
La medida ha generado oposición política. Diez comunidades gobernadas por el Partido Popular y Castilla-La Mancha, bajo gestión socialista, han recurrido la reforma de la Ley de Extranjería que da cobertura legal a este sistema.
