El Gobierno ha aprobado este lunes la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería mediante un Real Decreto Ley que permitirá avanzar en el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. La medida, defendida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido calificada como un «hito histórico» en la protección de los derechos humanos y del interés superior del menor.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres anunció que las comunidades autónomas tendrán de plazo hasta el próximo 31 de marzo para comunicar al Ejecutivo su capacidad de acogida. “Es el momento de saber con claridad cuántos menores extranjeros no acompañados hay en cada comunidad”, afirmó.
El Real Decreto incorpora un nuevo artículo 35bis que permitirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia declarar una situación de contingencia migratoria extraordinaria y activar un plan de respuesta basado en criterios objetivos como la población (50%), la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo previo o la insularidad, entre otros factores.
El acuerdo ha sido posible gracias al respaldo de Junts, que cambió su postura tras pactar con el Gobierno el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Según estimaciones del partido catalán, su comunidad acogería entre 20 y 30 menores, mientras que a Madrid le corresponderían unos 700. No obstante, Torres subrayó que aún no existe distribución numérica, sino una petición de certificaciones.
El ministro criticó duramente las declaraciones del presidente valenciano, Carlos Mazón, y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quienes se han opuesto al reparto. “Lamento esas afirmaciones y les pido que reflexionen en defensa de la población vulnerable”, declaró, insistiendo en que esta reforma busca dar una respuesta justa, solidaria y eficiente.
Torres también lamentó que la reforma no se haya tramitado como una proposición de ley con el respaldo del PP. “¿Qué razones humanitarias puede haber para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros?”, cuestionó.
El Gobierno ha garantizado la financiación del sistema con un crédito extraordinario de 100 millones de euros adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia. La capacidad máxima de acogida será revisada anualmente, y las comunidades deberán remitir la información correspondiente antes del 15 de enero de cada ejercicio.
Finalmente, Torres apeló al “criterio de Estado” y pidió que, cuando el decreto sea convalidado en el Congreso, se supere el bloqueo político. “No hay piel que defienda que unos niños valen más que otros. Espero que los partidos estén a la altura del país que merecemos”, concluyó.
