El abogado de Enrique Cerdeña sostiene que «no hay infracciones» tras la declaración del alcalde de Betancuria ante el juzgado
El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, compareció ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario.
María C.
17 de abril de 2026 a las 14:50
Declaración del alcalde
El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, declaró este jueves en calidad de investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario, en una citación que ya había sido aplazada en dos ocasiones desde el pasado mes de febrero. Junto al alcalde también compareció la secretaria-interventora del Ayuntamiento, Elena Puchalt, igualmente investigada en la causa.
A la salida de la sede judicial, ni Cerdeña ni Puchalt quisieron atender a los medios presentes, entre ellos Radio Insular. Fue el letrado encargado de su defensa, Raúl Miranda, quien se dirigió brevemente a la prensa para defender la actuación de sus representados y descartar cualquier irregularidad.
«No hay infracciones, ni siquiera de carácter administrativo. Todo se ha hecho en base a interpretaciones de la ley y no hay ninguna infracción legal», afirmó Miranda, quien remitió esa misma posición a lo que el alcalde y la secretaria han trasladado durante el interrogatorio judicial.
Preguntado por la posibilidad de que el procedimiento acabe derivando en juicio oral, el abogado se mostró resignado al avance de las diligencias, pero al mismo tiempo confiado en el resultado final: aseguró estar «convencido» de que sus clientes «no han cometido ninguna» infracción y dijo no rehuir esa fase procesal: «Queremos el juicio».
En relación con la pieza de presunto acoso laboral
En relación con la pieza de presunto acoso laboral —uno de los frentes más sensibles de la causa—, Miranda apuntó que en su momento se puso en marcha el protocolo correspondiente, aunque, según su versión, este no pudo culminarse por discrepancias entre el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias.
El trasfondo de la causa
La investigación que pesa sobre el alcalde de Betancuria fue abierta por el juzgado a finales del pasado año, a raíz de una denuncia previa de la Fiscalía, y se centra en presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y acoso laboral. La declaración de los investigados estaba inicialmente prevista para el 19 de febrero y, posteriormente, para el 27 de marzo, pero ambas fechas fueron pospuestas hasta esta cita del 16 de abril.
Entre los hechos sobre los que se centra la instrucción figura el pago, ordenado por resolución de agosto de 2024 —apenas un mes después del acceso de Cerdeña a la alcaldía—, de una certificación de obra por algo más de 53.000 euros que se incluyó en la relación de contratos menores municipales, pese a que dicha figura contractual tiene un tope legal de 40.000 euros para obras. La Fiscalía sostiene que el órgano competente para autorizar ese desembolso era el pleno municipal y no la propia Alcaldía.
A ese punto se suman las adjudicaciones, en el mismo ejercicio y también por la vía del contrato menor, de funciones de asesoría jurídica municipal a dos empresas externas, pese a que el Ayuntamiento ya cuenta con una funcionaria de carrera que desempeña ese puesto. La causa también investiga una serie de actuaciones que se describen como humillantes y hostiles hacia esa misma trabajadora, a la que se habría apartado de las mesas de contratación y de la tramitación ordinaria de expedientes.
La declaración de este jueves se produce, además, en un momento de fragilidad política para el alcalde, cuyo grupo de gobierno se ha quedado en minoría tras la renuncia a sus áreas de la concejal Esperanza González Méndez.
