La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está llevando a cabo en Fuerteventura una operación contra la corrupción en la contratación pública, en la que hay nueve personas investigadas y 36 contratos menores bajo sospecha, por un importe total superior a un millón de euros.
La intervención policial, denominada ‘Operación Odín’, se desarrolla bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario y cuenta con la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, que ha informado de que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Entre los registros practicados este jueves, figura el despacho en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario del arquitecto técnico municipal J.L. Espinel, quien habría sido detenido a primera hora por su presunta vinculación con varios de los contratos investigados, según Radio Insular desde primeras horas de la mañana.
Adjudicaciones bajo la lupa
Según el Ministerio Público, la investigación se centra en 36 adjudicaciones de contratos menores de obras y servicios, presuntamente irregulares, formalizadas entre los años 2021 y 2023. Aunque no se han hecho públicos los nombres de los querellados ni las administraciones exactas implicadas, fuentes consultadas por Diario de Fuerteventura apuntan a que los contratos bajo sospecha habrían sido tramitados durante el pasado mandato en el Consistorio capitalino.
El Ministerio Público ha interpuesto una querella criminal en la que se describen prácticas que podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude, según recoge su comunicado.
J.L. Espinel, funcionario del Departamento de Obras del Ayuntamiento, habría intervenido en la tramitación de varios de los contratos investigados, lo que justificaría tanto su detención como el registro de su despacho profesional. Las diligencias fueron ejecutadas por la UDEF durante la mañana de este jueves 17 de julio y podrían extenderse a nuevas actuaciones judiciales en los próximos días.
Antecedentes: casos anteriores
J.L. Espinel ya ha estado anteriormente bajo investigación judicial. En 2016, fue imputado por su implicación en la adjudicación de proyectos de paisajismo para ocho rotondas de la isla a un estudio de arquitectura nacional, en un caso denunciado por el Partido Popular. El procedimiento incluyó acusaciones de falsedad documental, prevaricación urbanística, malversación y estafa.
Durante la instrucción de aquel caso, el técnico presentó documentación que, según la empresa contratada, justificaba el encargo. Sin embargo, la falta de formalización administrativa derivó en que la empresa desistiera de reclamar la deuda. En marzo de 2022, el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario absolvió tanto a J.L. Espinel como al entonces alcalde implicado, al no poder acreditarse la existencia de delito.
Además, en 2018, la Fiscalía abrió una segunda línea de investigación tras la denuncia de un familiar de un técnico municipal. Se indagaba entonces la concentración sospechosa de contratos en una empresa foránea, el incumplimiento de compromisos de contratación de personal desempleado, la inclusión de empresas fantasma en concursos y la supuesta recepción de regalos de alto valor por parte del funcionario. El estado actual de aquella causa es desconocido públicamente.
Posibles ramificaciones y silencio institucional
La detención de J.L. Espinel podría no ser la única. Fuentes cercanas a la administración municipal consultadas por este medio apuntan a que esta operación podría tener conexiones con contratos adjudicados durante la anterior legislatura por el anterior grupo de gobierno, lo que situaría a determinadas figuras políticas también bajo investigación. No se descartan nuevas detenciones o registros en los próximos días.
Por el momento, ni el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ni sus representantes públicos han emitido valoraciones oficiales. No obstante, en función del avance de la instrucción, podrían adoptarse medidas administrativas como la suspensión provisional del funcionario detenido.
La ciudadanía majorera sigue con atención el desarrollo de una operación que podría marcar un antes y un después en la fiscalización de la gestión pública en la isla. El procedimiento se encuentra en fase inicial, pero la magnitud de lo investigado —con nueve personas bajo sospecha y contratos por más de un millón de euros— confirma la relevancia de esta actuación judicial.
