El Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) ha denunciado que los servicios médicos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) no prestan atención psicológica a los internos y que “sólo toman en consideración” los problemas de salud mental de un inmigrante internado cuando aumenta la agresividad hacia terceros.
Lo hace en su informe “Territorio hostil” sobre la situación de los CIE en 2021, año en el que hubo menos extranjeros internados debido a la reducción de plazas por los protocolos de prevención de la covid-19 -aunque aumentaron los ingresos de personas con órdenes de expulsión por mera estancia irregular- y a la imposibilidad de ejecutar expulsiones y devoluciones a países que tenían cerradas sus fronteras.
Esta red de entidades sociales acusa además al Ministerio del Interior de “opacidad” y de no cumplir con la Ley de Transparencia al no facilitarles los datos sobre entradas irregulares a España, acuerdos de devolución, órdenes de expulsión o internamientos, entre otros.
“La pandemia ha venido a poner una alfombra roja al Ministerio del Interior. Por una necesidad de salud publica se han blindado más los CIE”, ha reprochado Josetxo Ordóñez, uno de los autores del informe.
Para el SJM, la experiencia adquirida durante la pandemia con el tratamiento de las personas internadas en CIE que dieron positivo en covid-19 exige “replantear” las condiciones del aislamiento prolongado al que se les somete para que no impacten negativamente sobre su salud mental.
“El internamiento, de por sí, impacta en el estado anímico de la persona, en su situación psicológica, en su salud mental”, subraya el informe, que remarca que las condiciones de los centros provocan que el aislamiento impacte negativamente: se acentúan los estados depresivos, hay alteraciones en la percepción, etc.
En este sentido, Ana Bosch, otra de las autoras, ha advertido de las pequeñas dimensiones de las celdas, de las limitaciones para la comunicación a distancia (sea por restricción de horarios para usar el móvil o por necesidad de limitar su consumo) y de la inexistencia de actividad alguna.
“Se pasan 60 días o los que sean sin ningún tipo de actividad y eso afecta a la salud mental (…) Si un confinamiento en un domicilio es duro, en una celda de aislamiento, pendiente de que seas expulsado a tu país, es todavía más relevante”, ha opinado Bosch.
Una atención psicológica que deben cubrir los servicios médicos de los centros y que ha recomendado en varias ocasiones el Defensor del Pueblo, según el informe, que incide en que el pliego de condiciones de los contratos de los servicios sanitarios de los CIE “no alude para nada al sufrimiento psicológico ni a los problemas de salud mental”, sólo se les presta atención “cuando estallan situaciones críticas”.
“Mientras perdure la institución del internamiento, tan sumamente anómala, es preciso velar por la salud mental de quienes lo padecen”, asevera los autores.
En sus visitas a los CIE, los internos han transmitido a los voluntarios del SJM otras deficiencias de los servicios médicos como las atenciones sanitarias en presencia de agentes de policía, la falta de intérpretes, la descoordinación con otras instituciones sanitarias y la falta de emisión y envío de partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente.
“Nos tratan peor que a los a perros”, les han dicho muchos internos, según recuerda Bosch, que ha lamentado también las trabas para denunciar e investigar agresiones policiales y los obstáculos con los que se las organizaciones sociales para poder visitar los CIE.
El también autor Josep Buades ha denunciado el tratamiento político de los centros y la “determinación de que haya CIE cueste lo que cueste”, lo que, a su juicio, se refleja en los planes de inversión de obras de reforma (como la del CIE de Fuerteventura) o de nueva construcción (como en Algeciras).
El sacerdote ha exigido el cierre definitivo de los CIE porque su propio carácter y funcionamiento perpetúa dinámicas de hostilidad hacia los inmigrantes y vulneraciones sistemáticas de sus derechos humanos.
“No hay voluntad política de cerralos ni en España ni en la Unión Europea”, ha sostenido Buades, que ha añadido que mientras existan se debe garantizar el respeto de la normativa que lo regula. EFE
