La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Puerto del Rosario, ha denunciado administrativamente el pasado día 05 de agosto al responsable de un local de restauración por una infracción a la Ley Orgánica 12/1995, sobre la reprensión del contrabando, por la tenencia y de un espécimen protegido incluido en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) sin justificar su procedencia.
Localización a raíz de una inspección rutinaria
Los agentes del SEPRONA realizaron en el referido local de restauración una inspección rutinaria en materia de control de trazabilidad de productos pesqueros que se realiza en diferentes locales de restauración de la Isla de Fuerteventura, comprobando como en el establecimiento existían dos ejemplares de tortuga marina “Boba”. Esta especie se encuentra incluida en el Apéndice I del Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), y para la tenencia de la misma, partes y subproductos, se necesita documentación que acredite la legal procedencia.
Denuncia administrativa y aprehensión
El SEPRONA inspeccionó los especímenes verificando la autenticidad del caparazón y comprobando además que la misma está incluida en el convenio CITES- Apéndice I, un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.
Por este motivo y al verificar que el responsable del local no podía acreditar la tenencia legal de la parte de este espécimen, la Guardia Civil realizó la correspondiente acta denuncia, la cual conllevó la aprehensión de los dos ejemplares que han quedado a disposición de la Autoridad Aduanera e Impuestos Especiales.
La correspondiente acta denuncia ha sido remitida a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales por ser el organismo competente en la materia, además de dar conocimiento de la misma a la Fiscalía de Medio Ambiente por si existiera indicio de delito.
