El Grupo de Coalición Canaria en La Oliva pedirá mañana más explicaciones al grupo de gobierno municipal que integran Gana (PPMajo), En Marcha, PSOE, PP y Podemos, en relación a la propuesta de modificación de crédito por valor 2,5 millones de euros que se debate en el pleno. Una cantidad que en realidad son 6 millones de euros, pues se propone un plan de pagos anuales a la entidad promotora del Plan Parcial SAU-3, anulado en los tribunales, y en base a una sentencia de la que ya se han abonado 400.000 euros.
Aprobar esta partidas implica que los vecinos de La Oliva tienen que volver a pagar de su bolsillo los desastres urbanísticos que dejó Domingo González Arroyo, padre y presidente del partido de la alcaldesa. Pilar González ha manifestado que su gestión es un ejemplo y que pretende seguir sus pasos, y eso precisamente es lo que más tememos desde Coalición Canaria.
Esta modificación de crédito es un ejemplo de ello, pues propone expropiar en El Cotillo un solar por valor de 900.000 porque está calificado como zonas verdes, aunque la mitad del mismo está en dominio público marítimo, destinar 250.000 euros a seguir gestionando las instalaciones deportivas con contratos menores (algo que criticaron abiertamente los propios miembros del gobierno y que calificaron de “ilegal”), devolver impuestos a promotores por valor de 300.000 euros, pagar a 400.000 euros a los promotores de la urbanización de Majanicho, y la dolorosa cifra de 4,2 millones de euros a los promotores de un plan parcial de Corralejo anulado en los tribunales.
Bien es cierto que los tres últimos pagos son ejecución de sentencias, y son obligaciones que no se pueden eludir, pero eso no quita para que sea una situación vergonzosa. Por si fuera poco, el grupo de gobierno no aporta en la documentación del pleno toda la información de las sentencias, una total falta de transparencia que denunciamos una vez más desde CC La Oliva, pues impide a los vecinos y a la oposición conocer qué se está haciendo con el dinero público.
“25 millones de euros en desastres urbanísticos que pagan los vecinos”
El grupo de gobierno no aporta en el expediente la sentencia en la que se explica por qué hay que pagar 4,3 millones de euros a la promotora Bristol Lake S.A., aunque desde Coalición Canaria suponemos que se deriva del Plan Parcial SAU-3 de Corralejo, que fue aprobado por Domingo González en 2002 por silencio administrativo, y anulado años más tarde por el Tribunal Supremo.
De la misma época vienen los 10 millones de euros que se abonaron a los vecinos de Corralejo propietarios del terreno en que se construyó la estación de guaguas, el centro de salud y otros espacios, también sin el procedimiento legal necesario, y que se abonaron en la anterior etapa de gobierno, con Isaí Blanco como alcalde, y en cumplimiento de otra sentencia. El Ayuntamiento de La Oliva también pagó 1,2 millones de euros a La Oliva Oceánidas, los promotores que destrozaron los paisajes de El Cotillo con el Plan Parcial SAU-8 junto al faro, también aprobado por Domingo González y también anulado por la justicia.
O también el Plan Parcial SAU-10 Casas de Majanicho, aprobado también por Domingo González, una parte sobre zona ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves reconocida por la UE), y que ha dado lugar al pronunciamiento de la justicia europea imponiendo una sanción de 20 millones de euros, que todavía no sabemos quién va a pagar. Esa urbanización, hoy conocida como Origo Mare, fue recepcionada por sentencia judicial, y ahora hay que pagar otros de 400.000 euros a los propietarios por el mantenimiento de la misma.
Por todo ello, desde Coalición Canaria La Oliva exigiremos que la alcaldesa de La Oliva y sus socios den las explicaciones necesarias. Esta no es forma de gestionar el municipio.
