Canarias impulsa la creación de una Agencia de Salud Pública con autonomía y capacidad técnica reforzada

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, mantuvo recientemente una reunión de trabajo con el director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, y con los jefes de servicio del área, para perfilar las acciones necesarias que permitan el desarrollo de esta nueva entidad. Tras haber concluido el periodo de consulta pública previa —abierto del 14 de marzo al 11 de abril y que recibió un total de ocho aportaciones—, se trabaja ya en los informes preceptivos y en el borrador del anteproyecto de ley.

Concebida como un ente con autonomía funcional, organizativa y presupuestaria, la futura Agencia permitirá integrar de manera institucional y operativa los distintos ámbitos de la salud pública en Canarias, promoviendo una gestión más eficaz y adaptada a los nuevos retos sanitarios. Entre sus principales objetivos se encuentran la optimización de recursos, la mejora de los mecanismos de cooperación entre niveles asistenciales y de salud pública, así como la capacidad para responder de forma ágil ante emergencias sanitarias.

Desde el área de Sanidad se destaca que este nuevo modelo supondrá una transformación del actual esquema organizativo, apostando por estructuras más estratégicas y modernas. En ese sentido, se prevé implementar sistemas de información y vigilancia más avanzados, con una gobernanza intersectorial, reformar los sistemas de alerta y establecer una estrategia específica basada en los determinantes sociales de la salud.

La Agencia Canaria de Salud Pública también fomentará la participación ciudadana y comunitaria, e incorporará un sistema de indicadores públicos con criterios de transparencia activa para evaluar resultados e impacto.

Actualmente se elabora la memoria justificativa y la propuesta inicial de la norma, que incluirá una exposición de motivos, once capítulos, varias disposiciones adicionales y finales. Una vez redactado el documento, se abrirá el trámite de audiencia pública y se solicitarán los informes y dictámenes pertinentes a los departamentos jurídicos del Ejecutivo canario. El proceso culminará con la aprobación del proyecto por el Consejo de Gobierno, antes de su remisión al Parlamento de Canarias.