El Gobierno de Canarias analiza posibles medidas fiscales para amortiguar el impacto económico de la guerra mientras mantiene como prioridad la crisis de la vivienda en el Archipiélago. El Ejecutivo autonómico prevé cerrar la legislatura con alrededor de 5.000 viviendas públicas en construcción, dentro de una estrategia para ampliar el parque residencial y responder a los más de 25.000 demandantes de vivienda protegida en las Islas.
El viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez, explicó en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, que el Ejecutivo regional ya ha activado a sus servicios administrativos y económicos para estudiar qué medidas pueden adoptarse desde el ámbito autonómico ante el impacto económico del conflicto internacional.
“El Gobierno de Canarias ya ha puesto a todos los servicios administrativos, jurídicos y económicos a trabajar para ver cómo podemos, en el ámbito de la fiscalidad, mitigar el efecto que puedan tener productos finales como pueden ser los combustibles”, señaló.
La preocupación se centra, precisamente, en el incremento en el precio del carburante. Según explicó el viceconsejero, el encarecimiento de los combustibles genera un efecto en cadena sobre la economía. “Desde que suben los combustibles eso va a provocar un incremento del transporte y desde que sube el transporte toda la materia prima sube y todos los productos finalistas que llegan al consumo de los ciudadanos van a subir de precio”, explicó.
En este contexto, Domínguez advierte de que el escenario internacional podría derivar en una crisis económica aún más severa que la vivida tras la invasión de Ucrania. “Va a haber una escalada de precios de manera atroz. Incluso se habla de que puede ser muy superior a la que se sufrió hace tres años y medio con la guerra de Ucrania y no sabemos si la sociedad está preparada para poder aguantar otra crisis económica en el ámbito social”, afirmó.
El viceconsejero también criticó la falta de respuesta del Gobierno central ante la situación y su negativa a convocar la Conferencia de Presidentes —como habían solicitado Canarias y Euskadi— con el objetivo de coordinar medidas que permitan contener el impacto económico y social del conflicto.
“España lleva tres años sin presupuesto y eso ha llevado a las administraciones a mantener un techo de gasto por debajo de su capacidad de inversión”, indicó.
Por el momento, el Ejecutivo autonómico no ha anunciado medidas fiscales concretas, aunque estudia posibles ajustes en la fiscalidad que gestiona directamente, especialmente en ámbitos como el tramo autonómico del IRPF o determinados impuestos propios, con el objetivo de amortiguar el impacto que pueda tener la subida del combustible y de los precios en cadena sobre la economía.
Según indicó Domínguez, las medidas que puedan adoptarse no serían generalizadas, sino dirigidas a los sectores más afectados, para evitar comprometer la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia.
En este contexto, el Ejecutivo canario sitúa como pieza clave el denominado decreto Canarias, una iniciativa que permitiría reforzar la financiación de los servicios públicos del Archipiélago.
“En este momento estamos negociando lo que es el decreto Canarias, que para nosotros es un balón de oxígeno”, aseguró.
El viceconsejero insistió en que esta medida permitiría disponer de recursos para afrontar áreas esenciales como la sanidad, la dependencia, el transporte o la vivienda. “No estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de los canarios y las canarias que necesitan acceso a una vivienda digna o mejorar los servicios públicos”, subrayó.
Incluso instó al Partido Socialista a respaldar la iniciativa, que según afirmó cuenta con amplio apoyo parlamentario. “Si quieren que no lo llamen decreto Canarias, que lo llamen decreto del archipiélago o incluso decreto Ángel Víctor Torres”, añadió.
Una crisis de vivienda con raíces en 2008
Más allá del contexto internacional, Domínguez situó la vivienda como uno de los principales problemas estructurales del Archipiélago y vinculó el origen del actual déficit habitacional a la crisis financiera de 2008.
Según explicó, la paralización de la financiación bancaria durante aquella etapa provocó la quiebra de numerosas constructoras y dejó miles de promociones sin terminar, especialmente en la provincia de Las Palmas.
El viceconsejero recordó además que la crisis primero, y la posterior Ley Montoro después, limitaron durante años la capacidad de inversión pública en vivienda.
“Desde el año 2012 —realmente desde el 2008— hasta aproximadamente 2018, en Canarias no se pudo invertir ni un solo euro en la construcción de vivienda pública”, afirmó.
Tras salir la comunidad autónoma del plan económico-financiero que limitaba la inversión, el Gobierno de Canarias volvió a impulsar una estrategia específica y aprobó un nuevo Plan Canario de Vivienda. Sin embargo, su desarrollo se ralentizó posteriormente tras el cambio de gobierno y la adaptación a la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2022.
Según explicó Domínguez, cuando el actual Ejecutivo regresó al Gobierno en 2023 se encontró con un escenario prácticamente igual al existente años atrás, aunque con una presión mucho mayor sobre el mercado residencial.
El objetivo: 5.000 viviendas públicas en esta legislatura
El actual Ejecutivo defiende que ha optado por afrontar el problema con medidas estructurales y no con soluciones a corto plazo.
“La decisión era si queríamos hacer políticas cortoplacistas para tener rendimiento electoral o atajar el problema de la vivienda con medidas estructurales”, explicó Domínguez.
Entre las medidas adoptadas destaca la modificación de la normativa para impulsar la construcción de vivienda protegida, el aumento de la inversión pública y la movilización de suelo por parte de ayuntamientos y cabildos.
Actualmente hay más de 4.000 viviendas públicas en construcción o prácticamente finalizadas, y el objetivo del Ejecutivo es cerrar la legislatura con unas 5.000 viviendas públicas en marcha.
A esta cifra se suma la movilización del sector privado mediante incentivos como la posibilidad de invertir la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en vivienda. Según Domínguez, esta medida ha permitido que el sector privado tenga ya alrededor de 3.000 viviendas en construcción, con previsión de alcanzar las 4.000 antes de que finalice la actual legislatura.
Pese a estos avances, el viceconsejero reconoció que el reto sigue siendo enorme. En Canarias existen actualmente más de 25.000 demandantes de vivienda de protección oficial, lo que obliga a combinar inversión pública y privada para ampliar el parque residencial y establecer medidas complementarias como ayudas al alquiler o incentivos para que viviendas vacías salgan al mercado.
Además, el Gobierno plantea cambios en el sistema de adjudicación de vivienda pública. Según explicó Domínguez, se abandona el modelo de sorteo utilizado durante años para recuperar un sistema de baremo social que priorice a las familias con mayor necesidad.
También se estudia exigir un mínimo de 12 años de residencia en Canarias para poder optar a una vivienda protegida, con el objetivo de priorizar a quienes llevan más tiempo residiendo y contribuyendo en el Archipiélago.
Con más de 25.000 demandantes de vivienda pública en Canarias, el Ejecutivo autonómico insiste en que el objetivo es mantener el ritmo actual de construcción y ampliar las bolsas de suelo disponibles para nuevas promociones.
Según concluyó Domínguez, si se logra sostener este crecimiento en los próximos años, en torno a 2030 podría empezar a darse respuesta a buena parte de la demanda existente, siempre que se mantenga la colaboración entre administraciones y sector privado para aumentar el parque residencial en el Archipiélago.
