El Parlamento de Canarias ha aprobado la reforma más significativa de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera desde su creación en 2007. Con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y el consenso del sector, la nueva normativa introduce importantes avances técnicos, medioambientales y sociales que redefinirán el modelo de movilidad en las islas.
La ley, impulsada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, nace del Decreto-ley 6/2024 y contempla una batería de 86 enmiendas —64 ordinarias y 22 in voce— que responden a una demanda histórica del sector.
“Hoy es un día importante para Canarias. Esta es la modificación más relevante de la ley desde su aprobación en 2007”, afirmó Pablo Rodríguez, quien destacó que el cambio normativo es fruto del diálogo con todos los agentes implicados.
Uno de los ejes de la reforma es la sostenibilidad, que se incorpora por primera vez como criterio clave para la concesión de licencias. Los cabildos dispondrán de un año para establecer criterios como la calidad del aire, la carga del tráfico o el equilibrio del espacio público en sus decisiones sobre autorizaciones.
La ley también refuerza el papel del taxi como servicio público esencial, integrándolo en la planificación de la movilidad, fortaleciendo su marco tarifario y reconociendo su valor estratégico en el transporte canario. Paralelamente, se limitan las operaciones de los vehículos de transporte con conductor (VTC): no podrán circular ni estacionar en busca de clientes ni ocupar paradas destinadas a taxis o guaguas.
En el ámbito técnico, la nueva norma adapta la legislación autonómica al Reglamento Europeo 1071/2009, incorpora el transporte a la demanda, excluye las autocaravanas recreativas y exige el uso de medios electrónicos para los trámites administrativos. También establece que las empresas con más de 200 empleados deben participar activamente en los planes de movilidad sostenible.
La ley contempla además un refuerzo del control y sanción del transporte ilegal, incluyendo la posibilidad de inmovilizar vehículos, así como medidas de protección frente a agresiones a conductores y usuarios. Se garantiza también la subrogación del personal cuando cambie la empresa prestadora de determinados servicios públicos.
El compromiso con el territorio se traduce en medidas específicas para el ámbito rural y escolar, como permitir que taxis y VTC cubran rutas escolares en zonas sin suficiente oferta de transporte y la ampliación del concepto de transporte escolar a guarderías y actividades extraescolares organizadas.
“Avanzamos hacia un modelo más moderno, justo y sostenible que responde a la realidad insular y a los desafíos del presente”, subrayó la directora María Fernández, quien añadió que la norma es “un avance histórico que adapta Canarias a la normativa europea y protege el interés general”.
La nueva ley ya está en vigor y representa un cambio de paradigma para el transporte terrestre en el Archipiélago, apostando por una movilidad más ordenada, responsable y alineada con los objetivos climáticos y sociales del siglo XXI.
