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Archivada la causa contra cuatro de los siete investigados en la Operación Odín
La investigación judicial conocida como «Operación Odín» da un giro relevante. El Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa para cuatro de los siete investigados en el procedimiento abierto por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario entre los años 2021 y 2023.
Redacción Radio Insular
12 de enero de 2026 a las 16:00
EFE/Carlos de Saá
La magistrada no aprecia, en esta fase del proceso, vinculación penal suficiente entre los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción y las personas ahora excluidas de la investigación: Lorena Brito, Sergio Armas, Dagmara Ewelina y Alberto J. Brito, todos ellos familiares directos del empresario Cipriano Armas.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Canarias por la presunta adjudicación irregular de 36 contratos menores de obras y servicios por un importe global superior al millón de euros, en un patrón que, según el Ministerio Público, podía constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y fraude a la administración.
Tres investigados siguen en el núcleo del caso
El archivo no afecta, por el momento, a los tres principales investigados, sobre los que el juzgado mantiene vivas las diligencias: Peña Armas, exconcejala de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Cipriano Armas, empresario y primo de la edil, José Luis Espinel, arquitecto técnico municipal.
Un archivo que no cierra el caso
Fuentes jurídicas consultadas por Radio Insular subrayan que el archivo acordado es provisional, no definitivo, y responde a la valoración actual de los indicios penales individualizados. No supone una absolución ni una declaración de inocencia firme, sino que excluye temporalmente a estas personas del foco penal.
Además, este nuevo escenario abre una derivada relevante: los cuatro exinvestigados podrían ser llamados a declarar como testigos en la causa principal si así lo considera la jueza instructora. En ese caso, su situación procesal cambia de forma sustancial, ya que estarían obligados a decir la verdad, bajo apercibimiento legal, a diferencia de los investigados, que pueden no declarar o hacerlo en su propio interés.
Este extremo es considerado clave por especialistas en Derecho Penal, ya que el testimonio de personas que formaron parte del entorno empresarial y familiar investigado puede resultar determinante para esclarecer cómo se articuló —o no— el mecanismo de adjudicación de los contratos menores.
Mientras tanto, el juzgado continúa analizando expedientes, informes técnicos, reparos de Intervención, flujos económicos y documentación incautada durante los registros realizados en dependencias municipales y domicilios particulares.
El archivo parcial puede interpretarse como un ajuste fino del perímetro penal de la causa, concentrando la investigación en quienes, según la jueza, tenían capacidad decisoria real en la contratación pública.
La Operación Odín, lejos de cerrarse, sigue marcando la agenda judicial y política de Fuerteventura, con un proceso que continúa abierto y bajo el principio fundamental de presunción de inocencia para todas las personas implicadas.
