Amnistía Internacional ha publicado este martes 18 de marzo un nuevo estudio en el que denuncia «violencia y castigos excesivos» contra menores migrantes no acompañados que permanecen en centros de acogida de Canarias. Así, el trabajo ‘A día de hoy no tengo nada‘ señala «maltrato y saturación» en los centros de acogida como algunas de sus preocupaciones en materia de derechos humanos.
La consecuencia más grave de esta situación se muestra, según la entidad, en algunas denuncias de «malos tratos» recogidas en este nuevo informe, entre las que se incluyen «aislamientos o retrasos a la hora de realizar los trámites relativos a documentación para su regularización o escolarización como castigo por ser considerados de conducta conflictiva«.
Según la organización, varios de los menores con los que habló Amnistía Internacional relataron a la organización haber presenciado o sufrido represalias por trabajadores de los centros, incluyendo castigos, la privación de comida, retirada del abono transporte, o confiscación de sus teléfonos o del dinero de bolsillo, que luego no les era devuelto. También hablan de amenazas de traslados a centros concretos que los chicos entrevistados identificaron como lugares donde las condiciones de vida eran muy malas o el trato por parte de los trabajadores no era adecuado.
«He presenciado insultos y, en ocasiones, parece que cuando el educador es buena gente lo echan del centro«, ha argumentado Oumar, de 19 años y que durante los tres años que estuvo en el sistema de protección de menores, pasó por tres centros.
La organización denuncia también falta de coordinación entre las distintas instituciones que trabajan con estos niños. «No se debe normalizar la idea de que, como son niños de otras nacionalidades, no tienen los mismos derechos. Se olvida que el niño migrante, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, tiene derecho a ser escuchado, y protegido, como cualquier otro menor», afirma.
Asimismo, ha recordado que entre «los niños que están llegando a Canarias, hay perfiles muy vulnerables o con necesidades específicas«, ha indicado Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España.
Por eso, entre otras cosas, AI pide mejoras para garantizar que se realice un estudio individualizado de la situación del niño no acompañado, para asegurar que las decisiones que se adopten tanto a corto como a largo plazo, estén guiadas por el principio del interés superior del menor.
Para la organización, la «saturación» en los 82 centros que actualmente forman la red canaria de acogida a menores no es la única dificultad para crear hogares para los niños migrantes no acompañados. Así, unen a ello la «falta de personal» con la formación adecuada para tratar con menores. En este sentido, la organización ha hablado con autoridades que han «lamentado» que en ocasiones se ha recurrido a contratar a «porteros de discotecas«.
DESAMPARO
La entidad consdiera que falta formación adecuada de la policía en materia de asilo, de asistencia letrada y de interpretación de calidad. «La falta de identificación de vulnerabilidades o la descoordinación existente ha privado a menores no acompañados refugiados de la posibilidad de solicitar protección internacional de una manera pronta y efectiva«, añade.
«Nunca me informaron de que podían pedir asilo, cuando llegué me llevaron a un centro (de adultos) de emergencia para inmigrantes, donde estuve un mes. Luego cuando me hicieron las pruebas de determinación de la edad, vieron que tenía solo 15 años y me llevaron a un centro de menores, estuve yendo al colegio pero tuve que dejarlo cuando estaba a punto de sacarme la ESO, por cumplir la mayoría de edad. A día de hoy no tengo nada, ni pasaporte, ni nada», ha señalado a AI Seydou, un joven maliense de 19 años que llegó a Canarias en 2020, que vivía en un piso para menores extutelados. Más de cuatro años después, según la organización,no tiene nigún tipo de documentación.
A AI, le preocupa también que no se esté garantizando la realización de un estudio individualizado de la situación del niño no acompañado, para detectar, entre otras cosas, posibles vulnerabilidades.
«Hay perfiles muy vulnerables o con necesidades específicas: niños que huyen de violaciones de derechos humanos, menores supervivientes de contextos de violencia o trauma, incluso, aunque en menor medida, niñas que habían sufrido mutilación genital femenina o que llegan con implantes anticonceptivos (en ocasiones rotos)», ha relatado Virginia Álvarez.
Según ha añadido, «son perfiles en los que se unen el trauma por las experiencias vividas junto con la incertidumbre o ansiedad ante su futuro incierto, y que por lo tanto precisan de atención especializada e integral, bien mediante apoyo psicológico o incluso psiquiátrico». Pero la organización asegura «haber visto cómo existen numerosas dificultades para que estos niños puedan recibir este tipo de ayuda».
Ante estas situaciones, Amnistía ha recordado que lleva años reclamando la solidaridad de las comunidades autónomas «que siguen lanzando la pelota unas a otras y los niños continúan sin la adecuada protección«, ha indicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacinal España. Pero los distintos Gobiernos «no parecen tener prisa» y, según han indicado, faltan cinco años para terminar de implementar la Estrategia de Derechos de la Infancia y Adolescencia y conseguir un modelo de gestión migratoria eficaz y adecuado, «pero no va por buen camino«.
Por ello, Amnistía Internacional estima que no se están cumpliendo los objetivos marcados para la protección de la infancia migrante, por lo que ha apelado a la responsabilidad de las autoridades para garantizar su cumplimiento.
Entre otras peticiones, la organización ha señalado como urgente que se garantice un sistema de inspección y control de los centros residenciales; un estudio individualizado de la situación del menor no acompañado para asegurar que las decisiones estén guidas por el principio del interés superior del niño.
Finalmente, pide un reparto vinculante entre las distintas regiones para hacer frente a la «saturación» de Canarias, «que actualmente se hace cargo de la tutela del 36,5% de los menores no acompañados que habían llegado al Estado español«.
